'Graves violaciones'

Foro por la Vida denunció torturas y tratos crueles aplicados a manifestantes detenidos tras las protestas contra el gobierno.

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La coalición de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos Foro por la Vida denunció ayer que en las protestas que sacuden Venezuela se han cometido “graves violaciones”, mientras que el Estado no garantiza el debido proceso ante las “detenciones arbitrarias”.

La coalición se pronunció ayer y advirtió que desde el 12F, cuando se iniciaron las protestas, se han realizado “numerosas detenciones arbitrarias, que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes”.

“La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades ni edades. Las detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por ley para ser presentados ante un juez”, denunció el grupo.

La red detalló que la situación ha afectado particularmente la libertad de expresión, debido a la “restricción de la libre circulación de información en los medios de prensa, lo que conlleva a que muchas personas tengan que procurar información en cadenas internacionales de noticias o en las redes sociales”.

El saldo oficial de las protestas incluye 15 muertos, 149 heridos y 579 detenidos, de los cuales las autoridades abrieron procesos penales a 45, entre ellos nueve policías o militares.

El reporte da cuenta de dos muertos más que los confirmados este lunes.

Analistas como el criminólogo Javier Gorriño advierten que las heridas apreciadas en varias víctimas dejan ver que los represores no actúan para dispersar a los manifestantes, sino para matarlos.

De las 15 víctimas reconocidas, cinco recibieron tiros en la cabeza, a una le dispararon perdigones en la cara y otra fue golpeada en la cabeza hasta provocarle una lesión irreparable, precisó Gorriño a El Nacional.

“Nueve de las 15 personas fallecidas desde el 12F eran manifestantes heridos por cuerpos de seguridad del Estado o paramilitares vinculados con el oficialismo. Los seis restantes murieron en circunstancias no claras, que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, relaciona con las ´guarimbas´. Dos de ellos son Doris Lobo (Mérida) y Asdrúbal Rodríguez (Caracas)”, publicó el diario.

Las otras 13 víctimas son: Bassil Da Costa Frías, estudiante, 23 años; Roberto Redman, piloto, de 31 años; Génesis Carmona, estudiante y reina de belleza, 22 años; Wilmer Carballo, opositor, 38; Geraldine Moreno; estudiante, 23; José Márquez, ingeniero, 43; José Méndez, manifestante, 17; Arturo Martínez; opositor; Danny Melgarejo, opositor; Jimmy Vargas, opositor.

Juan Montoya, oficialista, 40 años; Elvis Durán, miembro de un colectivo; Julio González, fiscal del MP.

“Exhortamos al gobierno a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica”, agregó la coalición.

Contrario a estos señalamientos, el presidente, Nicolás Maduro, defendió la noche del lunes a las brigadas de la Guardia Nacional que reprimen las manifestaciones y afirmó que su actuación durante estas “ha estado apegada a la ley”.

A su vez, el canciller, Elías Jaua, afirmó ayer que Maduro está “a punto de coronar una gran victoria”, porque los que desde hace dos semanas provocan focos de violencia contra el gobierno “están aislados”.

Sin embargo, grupos de estudiantes y opositores marcharon ayer contra la injerencia cubana en Venezuela hacia la embajada de ese país en Caracas, así como a las sedes diplomáticas de Chile y México en la capital para pedir su mediación, mientras que empleados de la empresa telefónica estatal respaldaron al gobierno con otra movilización.

Además, en la capital hubo otros cierres de avenidas y estaciones del metro, y también continuaron las concentraciones en Táchira, Mérida y otros estados del interior del país.

En Aragua, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, confirmó ayer que desde la noche del lunes hubo saqueos en al menos 25 locales, entre estos el almacén Súper Líder en El Limón, donde un motorizado fue ultimado de un disparo en la cabeza y su cadáver quedó tendido en el estacionamiento (víctima número 16), aunque la gente no dejó de apoderarse de los víveres.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró ayer su condena a la “censura informativa” aplicada en Venezuela por el gobierno, que, advirtió, “se hace patente en el trato hostil a los periodistas y a los medios nacionales y extranjeros”, según un comunicado.

Por su parte, la esposa del detenido líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo en una entrevista al diario El Mercurio de Chile –publicada ayer- que Venezuela está bajo una dictadura.

“Han sido días muy duros, estoy llena de impotencia, y no me cabe la menor duda de que estamos en dictadura”, sostuvo.

La defensa de López, quien ayer cumplió una semana preso en una celda de dos metros de la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, apeló ayer ante la Corte de Apelaciones de Caracas la detención preventiva de este.

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