MASACRE DE CAMPESINOS EN 1982

Guatemala: comienza juicio a militares

Según la CEH, los militares incendiaron las casas y prácticamente desaparecieron la comunidad.

Cuatro kaibiles, los comandos militares del Ejército guatemalteco, comenzaron el lunes a ser juzgados por su presunta participación en la masacre de cientos de campesinos, incluidos docenas de niños, en una comunidad agrícola del norte de Guatemala en 1982.

Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun, Carlos Antonio Carias, y Daniel Martínez son acusados por la Fiscalía de delitos contra la humanidad y hurto agravado ante el Tribunal Primero de Alto Impacto de Guatemala. El ministerio Público señala en su acusación que son responsables de 201 asesinatos perpetrados en la comunidad Las Dos Erres, en el departamento de Petén, a unos 500 km al norte de la capital, el 7 de diciembre de 1982.

Julio Zúñiga, abogado defensor de Collin Gualip, dijo que espera que se dé un juicio justo y se respeten las garantías procesales de los procesados.

Los militares llegaron a la aldea en busca de 21 fusiles que la guerrilla, que operaba en la región, les había robado días antes. No encontraron las armas, pero acusaron a la población de colaborar con los rebeldes y mataron al menos a 250 personas y desterraron a cientos más, según los registros judiciales.

Al exhumar fosas clandestinas localizadas en la comunidad se recuperaron los restos de 167 personas.

La matanza es uno de los casos descritos en el informe de una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) instaurada por las Naciones Unidas después que el gobierno y las guerrillas firmaron en 1996 un tratado de paz que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos.

El informe Guatemala: Memoria del Silencio relata, con base a la descripción de sobrevivientes o de testigos anónimos, que “todos los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo”. Después de liquidar a todos los niños, la patrulla militar ejecutó uno por uno a los adultos, también asestándoles golpes con la almádana en la cabeza y lanzándolos al pozo.

“A las mujeres embarazadas les provocaron abortos como consecuencia de los golpes recibidos”, detalla el informe.

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