Indignación por espionaje a la agencia AP

Investigadores oficiales recopilaron secretamente charlas telefónicas de unos 100 periodistas.

No hace ni tres semanas que se podía ver a un Barack Obama celebrando alegremente con algunos de los periodistas estadounidenses más conocidos, en la anual cena de corresponsales de la Casa Blanca. La concurrencia reía con los chistes del Presidente. El champán y la armonía fluían.

En las últimas horas, el encanto dio paso a la indignación. Ayer martes, la tierra se abrió a los pies del Departamento de Justicia, pues estalló un escándalo tras acusaciones de espionaje a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Según la empresa periodística, investigadores oficiales recopilaron secretamente conversaciones telefónicas de más de 100 de sus periodistas. Tan solo meses después de estas escuchas se le informó a AP de la investigación, sin darle la oportunidad de defenderse jurídicamente de la orden de realizar las escuchas o de avisar a los colegas afectados.

El presidente de AP, Gary Pruitt, denunció en una iracunda carta de protesta el acto como una grave violación de la Constitución estadounidense, en la que la libertad de prensa disfruta de una protección destacada.

“Nos parece muy preocupante”, declaró entretanto la redactora jefe de la agencia, Kathleen Carroll, asegurando que en 30 años de carrera nunca vivió algo así. Newspaper Association of America, la asociación que representa 2 mil periódicos en EU, calificó la acción como una “conmoción para la conciencia estadounidense y una violación de la importante libertad de prensa protegida por la Constitución”.

Las críticas llegaron del mismo Partido Demócrata. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, se declaró “profundamente preocupado”.

Según expertos, el fiscal general, Eric Holder, debe aprobar personalmente una acción de tal calibre, pero este se distanció de la decisión. Holder aseguró ayer que él no dio la orden, puesto que en esos momentos ya se había inhibido del caso “para evitar un conflicto de intereses”.

“La decisión de revisar registros de llamadas de medios en esta investigación fue tomada por el fiscal general adjunto [James Cole]”, corroboró en un comunicado el portavoz de la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia, Bill Miller.

El trasfondo del caso podría ser un atentado que desbarató la CIA, una operación de la que se aparecieron detalles en la prensa, pese a que eran top secret.

La Casa Blanca también se distanció. “No nos involucramos en decisiones tomadas en relación con investigaciones criminales”, ese es un tema que “maneja independientemente el Departamento de Justicia”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

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