FRAUDE FISCAL EN CHINA

Investigan a funcionarios

Son alrededor de 2 mil 200 empleados estatales que usaron información privilegiada y se aliaron a terceros para robar.
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Investigan a funcionarios

Las autoridades chinas han investigado a al menos 2 mil 200 funcionarios del Gobierno por su implicación en graves fraudes fiscales, anunció ayer el director de la Auditoría Nacional, Liu Jiayi.

Liu explicó durante su informe ante los legisladores sobre la revisión del presupuesto del gobierno central en 2014, que la mayoría de las infracciones ocurrieron en sectores que involucraban fondos públicos, activos estatales y recursos de propiedad del Estado, tales como terrenos y minería.

En particular, los auditores descubrieron que más de 780 mil millones de yuanes ($125 mil millones) inicialmente asignados para la transferencia de tierras fueron malversados por funcionarios corruptos para cubrir huecos en los gastos administrativos, en préstamos a otras partes o para ser utilizados en la construcción de nuevos edificios de oficinas y salones de actos.

Las agencias intermediarias jugaban un papel vital en los casos donde los funcionarios abusaban de su poder y se confabulaban con partes externas al Gobierno.

En un caso típico, el economista jefe de la comisión provincial de desarrollo y reforma de la provincia central de Hunan, y sus socios, presuntamente robaron más de 13 millones de yuanes al permitir a tres agencias operadas por sus familiares que concedieran los subsidios de inversión a empresas inelegibles. Los auditores también descubrieron 5 mil millones de yuanes ($805 millones) en ganancias ilegales por los funcionarios y sus afiliados cercanos, quienes se beneficiaron de información privilegiada sobre recursos de propiedad estatal, planificaciones de desarrollo y valores bursátiles.

Liu citó a un pariente anónimo del ex subgerente de la Red Eléctrica del Sur de China, cuya inversión en bolsa crecía un 50% anual durante ocho años consecutivos mientras no sufría ninguna pérdida gracias a que se aprovechaba de la información privilegiada de un número de proveedores de electricidad. También se detectaron prácticas fraudulentas en la cobertura de medios de comunicación, así como en la atracción de inversión foránea donde los “tratos bajo la mesa se sellaron en nombre del bienestar público o implementación de políticas gubernamentales”, agregó Liu.

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