Juez embarga casa y otros bienes de la infanta Cristina

La orden se relaciona con el caso que se le sigue a Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos, por supuesta corrupción.
PALACETE. La vivienda secuestrada, situada en Barcelona, está en venta por unos 13.5 millones de dólares. AFP/Luis Gene PALACETE. La vivienda secuestrada, situada en Barcelona, está en venta por unos 13.5 millones de dólares. AFP/Luis Gene
PALACETE. La vivienda secuestrada, situada en Barcelona, está en venta por unos 13.5 millones de dólares. AFP/Luis Gene

La vivienda en Barcelona de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, y de su esposo, Iñaki Urdangarín, fue embargada ayer por la justicia española.

El juez José Castro, instructor del caso de supuesta corrupción en el que Urdangarín está imputado, ejecutó el embargo de la mitad de la vivienda, propiedad al 50% de los duques de Palma.

El juez tomó la medida después de que Urdangarín no hizo frente a la fianza de responsabilidad civil que le impuso en enero pasado por un importe de 6.1 millones de euros ($8.2 millones) de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres, también imputado.

El yerno del rey había apelado la fianza con el argumento de que se vería abocado a un “injusto empobrecimiento”.

Urdangarín y su exsocio son acusados de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tras supuestamente desviar más de un millón de euros ($1.3 millón) de los 2.3 millones de euros ($3.1 millones) recibidos por el gobierno de Baleares.

El juez Castro también embargó otras tres viviendas pequeñas, dos plazas de garaje, tres trasteros en Cataluña y Baleares y otros bienes (16 en total) propiedad de los duques de Palma.

La vivienda de Barcelona está en venta por 10 millones de euros ($13.5 millones) desde que la pareja se trasladó a vivir con sus hijos a Suiza en septiembre.

Los duques de Palma compraron la vivienda en 2004 por 5.8 millones de euros ($7.8 millones) y le invirtieron otros 2.9 millones de euros ($3.9 millones) en obras de rehabilitación, según medios locales.

El juez investiga si la infanta cometió delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Una nueva prueba revelada la semana pasada dejaría a la infanta más cerca de la imputación, según informó el diario El Mundo. Se trata de un contrato fraudulento de alquiler de su vivienda de Barcelona a su sociedad Aizoon, una empresa fantasma, con la firma como arrendador y como arrendatario de la infanta y de su esposo.

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