Chile

Juicio político para ministro

Ministro de Educación chileno fue separado de su cargo por decisión de los diputados, quienes lo acusan de no fiscalizar el lucro en instituciones educativas.

El ministro de Educación de Chile, Haral Beyer, quedó suspendido temporalmente de sus funciones ayer jueves, luego de que los diputados aprobaran un juicio político en el que puede ser destituido por no fiscalizar la obtención de lucro en las instituciones educativas.

La “acusación constitucional” o juicio político, presentada el 20 de marzo por la oposición de centro izquierda, fue aprobada por 58 votos a favor y 56 en contra.

Tras esa decisión, el ministro Beyer quedó suspendido temporalmente de sus funciones hasta que el Senado, que actúa como jurado en estos casos, vote la acusación, probablemente la próxima semana.

En caso de que el Senado la apruebe, el ministro será destituido y quedará impedido de asumir cualquier cargo público por cinco años.

El Senado, compuesto por 38 legisladores, está dominado por la oposición.

“La oposición está plenamente satisfecha por este resultado. La acusación es justa”, comentó tras la votación del diputado opositor José Pérez.

“Hoy día ha perdido el país. He sido el primer ministro de Educación que ha fiscalizado el lucro”, señaló Beyer en rueda de prensa, en alusión a sus gestiones en el reciente cierre de la Universidad de Mar.

Esta institución es considerada un símbolo de la forma de operar de muchas instituciones educacionales chilenas, que por ley no pueden obtener lucro.

En pocos años, la Universidad de Mar pasó de tener 3 mil alumnos a unos 20 mil, con un deficiente nivel académico y una paupérrima infraestructura.

En contraste, sus autoridades retiraron jugosas utilidades a través de sociedades inmobiliarias espejo, el resquicio más usado para burlar la ley.

Pero su cierre no se decidió por infringir la ley sino porque se comprobó que la acreditación de calidad que sostuvo su exponencial crecimiento fue conseguida en base a sobornos.

Beyer, que lleva 15 meses en el cargo, sostiene que su ministerio no tenía facultades para fiscalizar el tema, cuestión que la oposición rechaza.

La portavoz oficial del Gobierno, Cecilia Pérez, acusó por su parte a la oposición de no fiscalizar el lucro durante los 20 años en que fue Gobierno. “Hoy hemos visto imágenes penosas para la democracia. Fueron ustedes los que durante 20 años nunca fiscalizaron”, declaró Pérez, presente en la votación en el Congreso.

El fin del lucro, junto con la demanda de una educación pública, gratuita y de calidad, han sido el centro de las multitudinarias protestas estudiantiles iniciadas en 2011.

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