ALABAMA

Ley migratoria va a los tribunales

El gobierno de Obama alega que la ley no puede ser convalidada, pues aduce que el estado está violando la ´Constitución´,

Una jueza federal escuchó ayer los argumentos de representantes del gobierno de Barack Obama y de organizaciones hispanas, agrupaciones de interés público y líderes religiosos a fin de determinar si una nueva ley de inmigración en el estado de Alabama constituye una agresión a las libertades civiles o si protege los empleos de los estadounidenses y defiende las fronteras ante personas que viven ilegalmente en el país.

La jueza de distrito, Sharon Blackburn, atendió peticiones para bloquear temporalmente la ley, calificada por sus defensores y detractores como la más drástica medida legal contra la inmigración ilegal en el país. Los abogados dijeron que no tienen idea cuándo Blackburn dará su veredicto, pero señalaron que no cuenta con mucho tiempo, porque la nueva ley entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre.

La medida permite que la policía, al detener a conductores por infracciones de tránsito de manera rutinaria, arreste a quienes sospeche que viven en el país ilegalmente. La ley, que tiene cláusulas de amplia interpretación, califica como delito transportar o dar vivienda a un inmigrante que carezca de la debida documentación. Asimismo, obliga a las escuelas a reportar la situación migratoria de los estudiantes, una medida que los detractores de la ley dicen hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. Las demandas judiciales que piden la anulación de la ley, que han sido presentadas por el gobierno de Barack Obama, por una coalición de grupos de derechos civiles y líderes eclesiásticos, han sido consolidadas ante la jueza federal del distrito norte de Alabama.

El desafío legal en Alabama ha captado la atención nacional. De lo que se trata es ver el alcance que pueda tener Alabama en el control de los inmigrantes que viven en el país ilegalmente. Se han emitido órdenes judiciales para bloquear todas o algunas cláusulas de leyes similares aprobadas en Arizona, Georgia, Indiana y Utah.

El gobierno de Obama alega que esa ley no puede ser convalidada, pues aduce que el estado viola la Constitución al usurpar poderes del gobierno federal. Otros demandantes son el Southern Poverty Law Center, de Montgomery, y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles.

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