LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN, BAJO ATAQUE

Limitado acceso a los datos

Miembros del Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa se reunieron en Londres.
En Panamá, ‘la aplicación de la ley en ocasiones se ve supeditada a restricciones administrativas que dificultan la obtención de información de oficinas públicas’. LA PRENSA/Archivo. En Panamá, ‘la aplicación de la ley en ocasiones se ve supeditada a restricciones administrativas que dificultan la obtención de información de oficinas públicas’. LA PRENSA/Archivo.
En Panamá, ‘la aplicación de la ley en ocasiones se ve supeditada a restricciones administrativas que dificultan la obtención de información de oficinas públicas’. LA PRENSA/Archivo.

“Las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”, lo cual genera falta de transparencia y esto es “contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado”.

La anterior es una de las conclusiones incluidas en una resolución conjunta por la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Asociación Mundial de Periódicos, el Comité Mundial de Libertad de Prensa, el Instituto Internacional de Prensa, el Sindicato de Prensa del Commonwealth y la Sociedad Interamericana de Prensa, tras una reunión efectuada en Londres el 17 de enero pasado.

De acuerdo con estos organismos, miembros del Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa, dichas restricciones afectan sobre todo a Argentina, Bolivia, Canadá, Barbados, San Vicente y Granadinas, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Según la resolución, “cuando los periodistas y los ciudadanos logran obtener información de oficinas públicas en estos países, se trata en muchas ocasiones de versiones oficiales escatimadas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar por las restricciones y falta de amparo legal”.

Más, allá, en Argentina, Bolivia, Barbados, Costa Rica, Haití y Venezuela no hay leyes de acceso a la información, “vacío legal que representa un obstáculo para el trabajo de los periodistas”.

“En Canadá, el Gobierno no entrega información a tiempo y usa en forma indiscriminada el recurso de ´información clasificada´, lo que ha llevado a organizaciones no gubernamentales y de prensa a promover una revisión de la anticuada ley”.

“En Colombia, la legislación, de 2012, no ha sido sancionada aún”, y “en Cuba el acceso a la información sigue limitado”.

En Ecuador, “la ley de 2004 es inoperante y sigue sin aplicarse, y se ha visto aún más afectada tras la aprobación de la Ley de Comunicación”.

A su vez, en “El Salvador el Instituto de Acceso a la Información Pública, creado por la Ley de Acceso a la Información de 2012, fue creado para resolver conflictos sobre clasificación y desclasificación de información gubernamental, pero el acceso a la información sobre el Congreso es limitado”.

“En Nicaragua, pese a contar con una ley, las solicitudes no son atendidas y el gobierno solo brinda información oficial a los medios simpatizantes”; mientras que “en Panamá la aplicación de la ley en ocasiones se ve supeditada a restricciones administrativas”.

Además, la resolución plantea que “en Paraguay la Corte Suprema sentó un precedente en el campo de la información pública al obligar al Congreso a proporcionar datos sobre patrimonio, viáticos y nombramientos en ese cuerpo, mientras el Congreso mantiene engavetado desde hace una década un proyecto de ley al respecto”; y “en San Vicente y las Granadinas la Ley de Libertad de Información, promulgada en 2003, sigue sin efecto”.

Frente a esta situación, las organizaciones acordaron exigir “a los países que cuentan con leyes de acceso a la información que cumplan con su reglamento y principios; impulsen campañas educativas para que los ciudadanos se informen y conozcan los alcances y beneficios de esas leyes; suspendan las prácticas de restricción y desmantelen la cultura del secreto”.

Además, “exhortar a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Barbados, Costa Rica, Haití, Honduras, Paraguay y Venezuela a que promuevan debates legislativos sobre las leyes de acceso a la información e impulsen la aprobación de normativas sobre la materia”; e instar “al primer ministro de San Vicente y las Granadinas a cumplir con el compromiso de sancionar la Ley de Libertad de Información de 2003”.

Mordaza en Ecuador

Sobre Ecuador, el Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa concluyó que “la política sobre medios del gobierno empeoró con la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, que el gobierno justifica bajo el argumento de que la comunicación es un ´servicio público´ que debe ser regulado”.

Advirtió que la nueva norma, vigente desde el 25 de junio de 2013, “incluye una nueva serie de ´delitos de prensa´, contiene restricciones y mecanismos de control que parecieran beneficiar a las autoridades y funcionarios ´públicos´ por sobre el derecho de los ciudadanos a estar informados, y que pretende silenciar a los críticos del gobierno y fomentar la autocensura”.

“La ley crea una definición legal para ´medios de carácter nacional´, que automáticamente los somete a regulaciones adicionales; y establece el delito de ´linchamiento mediático´; prohíbe a los directores o dueños de medios censurar contenidos, pero los hace responsables de lo que se publique; obliga a los medios a publicar información de ´interés público´; dispone que solo profesionales en periodismo, o carreras afines, trabajen a tiempo completo en los medios; y exige a cada medio la creación de su propio código de ética acorde a una lista de deberes y valores establecidos por la ley, y les obliga a tener un defensor del lector”.

El comité explica que la norma “crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y la Superintendencia de la Información para vigilar el cumplimiento de la ley, con poder para: regular la propiedad de los medios, controlar e interferir en el contenido, lo que incluye la censura directa, y castigar el incumplimiento con sanciones administrativas y financieras”

A su juicio, la “ley legaliza la acumulación de los medios de difusión en manos del Estado”.

Por ello, acordó “urgir al gobierno a respetar y garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados” y le reiteró la petición de que “acepte una revisión y opinión consultiva sobre la ley de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar si es coherente con los estándares internacionales”.

Finalmente, reiteró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la necesidad de que se revise y estudie la Ley Orgánica de Comunicación, para saber si es consistente con los tratados internacionales sobre libertad de expresión, libertad de prensa y derechos humanos, entre estos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

REDACCIÓN DE LA PRENSA

Estados Unidos, bloquea

Los miembros del Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa también se refirieron al caso de Estados Unidos (EU) y concluyeron que el Gobierno de ese país “limita, bloquea y mantiene un mayor control de la información que se divulga a los medios de comunicación, provocando un efecto inhibidor en las fuentes y afectando el papel fiscalizador de los medios”.

Indicaron que estas restricciones y la cultura de secretismo del flujo informativo entorpecen la actividad periodística y el escrutinio de la gestión de Gobierno, y constituyen una grave obstrucción al ejercicio de la libertad de prensa.

Además, señalaron que el Gobierno estadounidense pretende que ningún privilegio proteja la confidencialidad de las fuentes de los reporteros que cubren asuntos de seguridad nacional y para ello se vale de fallos judiciales dirigidos a que la Primera Enmienda y el derecho consuetudinario no creen un privilegio que permita a un periodista negarse a identificar sus fuentes.

A criterio de los miembros del comité, “la administración del presidente Barack Obama ha procesado a más funcionarios gubernamentales por presuntas filtraciones bajo la Ley de Espionaje de 1917 que todos sus predecesores juntos”.

Por ello, instaron al Ejecutivo norteamericano a modificar las políticas que controlan o restringen el flujo de informaron, a fomentar una mayor transparencia y acceso a las actividades oficiales, a cambiar las políticas que impiden a los fotorreporteros realizar su trabajo, a abstenerse de entregar fotos oficiales a los medios, garantizar que los periodistas no sean procesados por recibir información confidencial o clasificada, y a mantener un mayor grado de transparencia en las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional.

También exigieron al Departamento de Justicia que cumpla con los procedimientos para el uso de las citaciones y órdenes de allanamiento contra periodistas.

Finalmente, acordaron instar al Senado y la Cámara de Representantes de EU a que aprueben una ley federal para otorgar un privilegio cualificado que impida obligar a los periodistas a revelar las fuentes o información confidenciales.

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