Lugo propone pacto en ocaso de su mandato

El presidente paraguayo aún no cumplió su principal promesa electoral: realizar una reforma agraria.

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, propuso el martes un pacto para gobernar el último tramo de su mandato de cinco años que culminará en agosto de 2013.

“A poco menos de dos años para que culmine este período de gobierno, necesitamos un pacto con alianzas y convicciones duraderas para consolidar y sostener los procesos y resultados de las políticas y los programas sociales exitosos”, señaló Lugo durante una reunión con sus ministros y directores de agencias estatales en Cerrito, 90 km al noroeste de Asunción.

Según la página del palacio de gobierno, el mandatario agregó que “eso lo lograremos como gobierno entre compañeros y compañeras de causa con el respeto, el afecto y la solidaridad necesaria para construir juntos el camino que nos hemos trazado... construir un futuro mejor para todos nuestros compatriotas”.

Lugo, un exobispo católico de 60 años y simpatizante de la Teología de la Liberación, llegó al poder tras ganar las elecciones de abril de 2008 como candidato de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC), actualmente desmantelada, en las que derrotó al Partido Colorado que permanecía en el Gobierno desde 1947.

Aunque consiguió a través de un referendo que los paraguayos que residen en el extranjero puedan votar y que Brasil triplicara de 120 a 360 millones de dólares la compensación anual por la cesión de electricidad sobrante proveniente de una usina compartida, Lugo aún no cumplió su principal promesa electoral: realizar una reforma agraria que beneficiaría a 87 mil familias campesinas sin tierra.

Por otra parte, el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exigió a los hacendados del norte del país distribuir entre sus trabajadores el 30% de sus ganancias anuales.

La zona de influencia de los rebeldes son los bosques de los departamentos San Pedro y Concepción, a 300 y 500 km al norte de Asunción, en las cercanías de la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

En un comunicado difundido a través de radio Cardinal, el EPP conminó “a aquellos empresarios que tengan sus establecimientos en la zona de la guerrilla que están obligados, según las Leyes Revolucionarias, a repartir 30% de sus ganancias anuales entre sus trabajadores”.

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