Marinos uruguayos, en libertad condicional

Algunos de los marinos uruguayos acusados de haber violado a un joven cuando formaban parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), se encuentran en libertad condicional a la espera de que se complete su proceso judicial, informaron ayer fuentes oficiales.

Según el subsecretario de Defensa de Uruguay, Jorge Meléndez, los cinco marinos implicados en el caso continúan a la espera de que se pronuncie tanto la justicia militar como la civil respecto a ese caso, si bien alguno de ellos ya fue puesto “en libertad condicional”.

Meléndez se expresó así en declaraciones a la emisora Radio Carve, sin explicar más sobre cuántos de los marinos detenidos, que en un principio fueron recluidos en instalaciones militares, se encuentran libres ni desde cuándo.

“Están en libertad condicional, pero sometidos aún a procesos”, aclaró Meléndez.

Los supuestos abusos cometidos por los marinos uruguayos sucedieron a finales de julio en Port Salut (sur de Haití) y fueron difundidos por internet en un video grabado con teléfono celular.

Las imágenes mostraban a cuatro de los cinco involucrados (el quinto es quien las tomó), burlándose de un joven al que mantienen tumbado boca abajo, mientras uno de ellos se coloca detrás de él con el torso desnudo.

La agresión motivó la condena del presidente haitiano, Michel Martelly, y las disculpas públicas del presidente uruguayo, José Mujica.

La justicia uruguaya inició una investigación sobre lo sucedido, que para los militares implicados fue tan solo una broma, además de negar la violación, lo que llevó al fiscal del caso a pedir la declaración de la víctima para no tener que archivar el caso.

Sin embargo, el tribunal tuvo problemas para localizar al joven en Haití pese a los esfuerzos de las autoridades, que incluso se mostraron dispuestas a viajar al país caribeño para tomarle declaración allí.

Lo único que se supo de la víctima fue una petición realizada en su nombre por un grupo de abogados, en la que pedía levantar la denuncia a cambio de una indemnización de 5 millones de dólares.

Esa posibilidad fue, sin embargo, rechazada categóricamente por el Gobierno uruguayo.

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