REFORMAS AL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

México limita fuero castrense

La decisión, tomada por el parlamento a finales de abril pasado, da cumplimiento a un fallo de la Corte IDH de 2009.
Los delitos comunes cometidos por militares serán ahora juzgados por los tribunales civiles. EFE. Los delitos comunes cometidos por militares serán ahora juzgados por los tribunales civiles. EFE.
Los delitos comunes cometidos por militares serán ahora juzgados por los tribunales civiles. EFE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elogió ayer la aprobación en abril pasado por parte del Congreso mexicano de reformas al Código de Justicia Militar que restringen el fuero castrense.

Con estas modificaciones, realizadas en atención a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2009, los delitos del orden común o federal cometidos por militares quedaron excluidos de la justicia castrense y serán dirigidos a tribunales civiles.

En una declaración ayer, la CIDH “valoró la reforma como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales en México y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”.

Estas protecciones son muy importantes “en lo referente a las garantías del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familiares”, indicó la comisión.

“La CIDH valora positivamente que la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar se da en el marco del cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por esta comisión en 1998 y en el caso de las hermanas González Pérez, entre otros”, explicó el comunicado.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares mexicanos detuvo en Chiapas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, junto a su madre Delia Pérez, todas indígenas tzeltales.

En las dos horas que estuvieron detenidas, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.

El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, las hermanas mayores.

Pese a que las víctimas son civiles, el caso fue enviado a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994 y archivado con el argumento de que los abogados de las víctimas no demostraron suficiente interés, al tiempo que no se configuraron violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.

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