INMUNIDAD ´NO OPERA´ EN CASOS DE DDHH

México limita ´fuero militar´

El fallo se enmarca en una resolución emitida en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La abolición del “fuero militar” para que los miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales ordinarios, en caso de cometer un delito que involucre a víctimas civiles, era una vieja demanda de las organizaciones de derechos humanos.

La resolución del máximo tribunal que elimina el fuero especial indicó que la inmunidad castrense “no opera” para procesar a militares responsables de violaciones a las garantías individuales, quienes “deberán ser juzgados por tribunales civiles”.

Por unanimidad de votos, con salvedades de tres magistrados, el máximo tribunal del país sostuvo que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.

La Suprema Corte anunció que reasumirá la competencia originaria para resolver los casos en los que se presente un conflicto entre tribunales castrenses y federales o del fuero común.

El máximo tribunal adoptó ambas resoluciones al cabo de tres agitadas sesiones.

En otro fallo previo, alcanzado por una votación de siete ministros (magistrados) contra tres, la Suprema Corte señaló que “todos los jueces están obligados” a buscar que sus resoluciones “estén dictadas del modo como mejor se respeten los Derechos Humanos”.

No solo se trata de aquellos fallos “previstos en la Constitución”, sino los que tengan relación con los tratados internacionales, según anunció el presidente del organismo, Juan Silva.

Desde hace casi 70 años, la tesis de la Suprema Corte era que solo el Poder Judicial podía determinar si las resoluciones de los jueces eran constitucionales o se ajustaban al derecho internacional en la materia.

Ambas determinaciones de la Suprema Corte fueron emitidas luego de analizar la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, detenido en un control militar el 25 de agosto de 1974 en el Estado de Guerrero, sur del país.

El fallo de la CIDH condena a México por la desaparición forzada de Radilla, en los años de la represión de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones rebeldes clandestinas.

Las resoluciones se derivan de una reforma al Artículo Primero de la Constitución, adoptada en junio pasado.

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