ARGENTINA

Periodistas son acosados

Comunicadores sociales argentinos denunciaron ayer ante la CIDH que la libertad de expresión es cercenada en su país.
(De izq a der). Torcuato Sozio, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú expusieron ante la CIDH la situación de la libertad de expresión en Argentina. Tomado de clarín.com. (De izq a der). Torcuato Sozio, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú expusieron ante la CIDH la situación de la libertad de expresión en Argentina. Tomado de clarín.com.
(De izq a der). Torcuato Sozio, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú expusieron ante la CIDH la situación de la libertad de expresión en Argentina. Tomado de clarín.com.

Un grupo de periodistas de Argentina afirmó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de Cristina Fernández está “cercenando” la libertad de expresión y ha convertido a la prensa en el “enemigo a batir”, lo cual fue negado por representantes del Ejecutivo, que cuestionaron la celebración misma de una audiencia de este tipo.

“La libertad de expresión en Argentina está siendo cercenada”, dijo el periodista Joaquín Morales Solá en una audiencia ante la CIDH, convocada para revisar la situación de la libertad de expresión en el país suramericano.

Morales Solá, junto con Magdalena Ruiz Guiñazú, acudió ayer a la sede de la CIDH en Washington en nombre de siete periodistas con una larga trayectoria en los medios argentinos.

A su juicio, las apariencias de libertad de expresión en su país engañan y el problema principal es que “el Gobierno considera al periodismo como su único adversario y enemigo a batir”.

“El periodismo independiente ha perdido la tranquilidad necesaria para ejercer su labor en libertad, y eso es censura indirecta”, insistió, al tiempo que precisó que para “acallar las voces críticas” las líneas oficialistas son la “descalificación, la demonización, calumnia o la difamación”.

En tanto, el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Torcuato Sozio, pidió al Gobierno “reglas claras” y “transparentes” en el uso de dinero público para la publicidad en medios y evitar así lo que consideró como un “uso político partidario” de la pauta oficial, tema también denunciado ante la CIDH.

En una audiencia muy tensa, los representantes del Gobierno negaron las acusaciones de presiones, estigmatización, difamación y uso de publicidad oficial con fines partidistas, algo que los comisionados apuntaron que, de ser demostrable, sería de “suma gravedad”.

El director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos de la cancillería argentina, Javier Salgado, destacó el largo “compromiso moral y jurídico” de su país con los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, y que, recordó, ha sido reconocido internacionalmente.

“No se advierten razones objetivas para haber convocado a una audiencia”, dijo, y advirtió sobre una “indebida utilización de herramientas” del sistema interamericano de derechos humanos con la convocatoria de la cita.

Antes, la embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Nilda Garré, criticó a los periodistas que viajaron a Washington a través de su página de Facebook.

“¡Insólito! ¡Periodistas vinieron a Washington a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones!”, escribió. “A tres días del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles”, continuó.

“La finalidad es martillar sobre alguna opinión pública internacional predispuesta a interpretaciones negativas en torno a las políticas nacional-populares en América Latina”, añadió.

En efecto, la audiencia de la CIDH se celebró tres días después de que la Corte Suprema argentina declaró la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, que, entre otros aspectos, establece límites a la cantidad de medios que puede poseer un mismo consorcio.

Con la aplicación de la norma, el Grupo Clarín, que es dueño del diario homónimo, el de mayor circulación en el país, deberá desprenderse de varias licencias y recortar anuncios.

Ayer, representantes del Grupo reiteraron que la ley viola la libertad de expresión e insistieron en calificar como “un grave atropello” las pretensiones del Gobierno de aplicarle el fallo por la vía de facto.

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