´DIFERENDO DIPLOMÁTICO POR SUPUESTO ESPIONAJE A CHILE

‘Perú, unido por acusación’

Humala llamó a consultas a su embajador, Fernando Rojas, el 20 de febrero, cuando también envió una primera nota de protesta pidiendo explicaciones a Chile.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó ayer que su gobierno defiende los intereses de su país “con patriotismo y pulcritud” ante la denuncia de un presunto espionaje militar de Chile.

“Siendo este un tema tan sensible, yo preferiría que lo toque la Cancillería, que es el órgano que corresponde”, manifestó Humala.

El Gobierno de Perú anunció el sábado pasado el retiro de su embajador en Chile y condicionó su regreso a las investigaciones y “las satisfacciones” que reciba sobre el presunto espionaje por el que están siendo investigados tres suboficiales de la Marina de Guerra.

Humala destacó“el respaldo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas” a esa decisión y dijo que se está“dando un mensaje no solamente al interior del país, sino al exterior también, de que Perú sabe unirse cuando hay temas que tocan lo que es la dignidad y los intereses nacionales”.

El gobernante reiteró que las decisiones sobre la política exterior peruana son su “responsabilidad exclusiva” y que la Cancillería es “una institución que ayuda, recomienda y conduce el Presidente de la República”.

“No tengan ninguna duda de que estamos haciendo lo posible para hacer respetar lo que es la dignidad del país y los intereses nacionales”, concluyó.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, tres suboficiales de la Armada peruana fueron captados en 2006 y 2011 por presuntos militares chilenos a los que entregaron información clasificada.

Por ese motivo, el fuero militar abrió un proceso por los delitos de traición a la patria, infidencia y desobediencia al analista de información de inteligencia Alfredo Marino Domínguez, al operador de comunicaciones Johnny Richard Pilco y al técnico Alberto González de la Marina de Guerra.

El delito de traición a la patria es penado con no menos de 20 años de cárcel, el de infidencia con un máximo de 10 años y el de desobediencia con hasta cinco años.

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