derechos humanos

Policías, culpables por matanza

23 uniformados reciben penas de 156 años de prisión por la matanza de 111 reos de la cárcel de Carandirú, en Brasil.
expectativa. Estudiantes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Sao Paulo sembraron cruces para pedir justicia por los muertos de Carandirú. AFP/ Nelson ALMEIDA expectativa. Estudiantes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Sao Paulo sembraron cruces para pedir justicia por los muertos de Carandirú. AFP/ Nelson ALMEIDA
expectativa. Estudiantes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Sao Paulo sembraron cruces para pedir justicia por los muertos de Carandirú. AFP/ Nelson ALMEIDA

La justicia brasileña condenó ayer domingo a 23 policías a 156 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 111 internos en el complejo penitenciario de Carandirú de Sao Paulo, la peor matanza carcelaria de Brasil, ocurrida en 1992.

Los 23 agentes condenados asesinaron a tiros a 13 presos que estaban en sus celdas y en los pasillos del pabellón nueve del complejo, donde se organizó un motín que desencadenó la sangrienta represión policial, en la que participaron 330 agentes.

El proceso se ha dividido en 4 etapas debido al gran número de acusados, 79 policías en total, que deberán sentarse en el banquillo en los próximos meses.

En esta primera fase solo se juzgaron 15 asesinatos, 2 de los cuales fueron excluidos del proceso a última hora puesto que las víctimas murieron por arma blanca, presumiblemente a manos de otros internos.

El jurado absolvió a 3 reos de los 26 acusados, a petición de la fiscalía, puesto que no se encontraban en la planta donde sucedieron los hechos. La abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, afirmó que estos cambios de última hora reflejan que el sumario fue redactado de forma “apresurada, ridícula y risible, para satisfacer a los organismos internacionales” defensores de los derechos humanos.

Antes del juicio, Amnistía Internacional consideró que podría suponer el “principio del fin de un largo legado de impunidad” hacia los excesos de las autoridades en Brasil.

En estas dos décadas, el único que se había sentado en el banquillo fue el comandante que dirigió la operación, el coronel Ubiratán Guimares, fallecido en 2006, que en 2001 fue condenado a 632 años de cárcel, pero nunca llegó a ingresar en prisión y fue absuelto después en una apelación.

Los agentes condenados ayer, que pasarán como máximo 30 años en prisión, pues esa es la mayor pena prevista en el Código Penal brasileño, permanecerán en libertad hasta que se agote la posibilidad de presentar apelaciones en instancias superiores.

Ribeiro de Souza afirmó a periodistas que la condena de los policías “no refleja la voluntad de la sociedad brasileña” y sugirió que la población está apoyando en las redes sociales que se perdone a los agentes del orden por la represión violenta a los presos.

La acusación trató de luchar contra esa idea. El fiscal Marcio Friggi dijo en su alegato final que los presos “no le importaban a nadie”, pero ninguno de ellos merecía que les aplicasen de forma sumaria una “condena de muerte”.

A lo largo de los seis días de juicio, el gobernador de Sao Paulo en la época, Luiz Antonio Fleury Filho, dijo al tribunal que la orden de entrada al penal “fue absolutamente necesaria y legítima”. El objetivo de la operación, que tuvo lugar el 2 de octubre de 1992, era aplacar el motín en el pabellón nueve de Carandirú, donde había cerca de 2 mil 700 internos, algunos de ellos detenidos sin condena, a la espera de un juicio.

Los agentes que declararon en las vistas relataron que, al adentrarse en el pabellón nueve, se encontraron con un ambiente extremadamente hostil y en penumbra, que no les dejó otra alternativa que abrir fuego.

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