DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA, EN MÉXICO

Protestan por silencio militar

Los expertos recordaron que su misión tiene seis meses de duración, de los cuales ya han pasado cuatro.
Marcha en aniversario del noveno mes de la desaparición. Marcha en aniversario del noveno mes de la desaparición.
Marcha en aniversario del noveno mes de la desaparición.

Los investigadores independientes que trabajan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México dijeron que aún esperan la autorización del Gobierno para entrevistar a los soldados que estaban de servicio la noche del 26 de septiembre de 2014.

Se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva cuatro meses de actividad y que dio una rueda de prensa ayer.

Los expertos detallaron que de las 100 peticiones de información al Gobierno, solo un 30% ha sido atendido de forma completa, que un 47% de las solicitudes de información relevante o de diligencias significativas para la evaluación e impulso de la investigación no han sido resueltas, y que el resto se ha cumplido de forma parcial.

“La agilización de la respuesta es muy importante para cumplir con el mandato del grupo en el tiempo establecido”, manifestó la experta Ángela Buitrago, quien confirmó que en los próximos días se harán otras solicitudes importantes.

Una de las que aún están pendientes es la entrevista con los militares del 27 batallón de infantería de Iguala que la noche en que desaparecieron los normalistas tuvo contacto con ellos, cuando fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.

Ya han pasado más de tres meses desde que los expertos pidieron acceso a los militares. El domingo el grupo recibió una notificación del Gobierno en la que se les informa que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”.

Los especialistas expresaron su “preocupación” por el retraso en esta decisión, al considerar que “limita los esfuerzos” por avanzar en la investigación y la búsqueda de los jóvenes.

Los familiares exigen abrir una línea de investigación sobre el papel de los militares esa noche, cuando seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos.

Según la fiscalía mexicana, los alumnos fueron entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y quemaron en un basurero al creer que eran miembros de un grupo rival.

“Tenemos libre acceso a todas las fuentes de información” y, por tanto, “la facultad de solicitar ampliaciones de entrevista” y reuniones directas con los militares que ya declararon ante la fiscalía y con los que fueron testigos y aún no han declarado, dijo el chileno Francisco Cox al recordar las condiciones del mandato del grupo.

El paso del tiempo “hace que la fuente vaya perdiendo información” y “limita las posibilidades de búsqueda e investigación” que pudieran surgir de los nuevos testimonios de los militares, indicó.

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