ASESINATOS EN TLATLAYA, MÉXICO

Refutan informe de oenegé

La prioridad durante las operaciones es garantizar la seguridad de inocentes, evitando generar víctimas, dice la Defensa Nacional.
Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Xinhua Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Xinhua
Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Xinhua

El oficio que recibieron los soldados mexicanos participantes en el caso Tlatlaya, en el que 22 personas murieron a manos de militares, contenía instrucciones de privilegiar el respeto a los derechos humanos, insistió ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado, la Sedena informó que el documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México.

“Mediante 38 indicaciones, busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”, dice el comunicado.

Esta fue la respuesta a un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre lo ocurrido en Tlatlaya.

El documento Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, presentado el pasado jueves, fue elaborado a partir de la información a la que la oenegé accedió al ejercer la representación legal de una de las sobrevivientes.

Según un oficio militar al que tuvieron acceso, los militares que participaron en los hechos tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes perdieron la vida en una bodega, la mayoría de ellos asesinados por soldados (15 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos), a pesar de que se habían rendido.

Según la versión inicial presentada por la Sedena, los 22 supuestos miembros de una banda de secuestradores fallecieron en un choque armado con las tropas. No obstante, esa versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.

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