“Keep calm and carry on” (Tranquilo y sigue adelante) parece ser el lema nacional con el que los británicos se toman las revelaciones sobre los programas de vigilancia de llamadas telefónicas y del tráfico de internet por parte de los servicios secretos.

La protección de la esfera privada no tiene prioridad en tiempos de crisis económica.

El diario liberal de izquierdas The Guardian lleva semanas revelando detalles de los programas de espionaje.

La última noticia fue que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense pagó millones al servicio secreto británico GCHQ (Government Communications Headquarters) para tener acceso a sus escuchas e influencia sobre los programas. Pero en vez de con indignación, la prensa y los ciudadanos han reaccionado con una calma sorprendente. Solamente los activistas de la red y las organizaciones de derechos humanos hacen algo más que encogerse de hombros.

Los británicos están acostumbrados a un índice bastante elevado de vigilancia. En Reino Unido hay instaladas hasta seis millones de cámaras, medio millón de ellas en Londres, según datos de la industria de la seguridad. Es habitual que los ciudadanos sean filmados todo el tiempo.

Mientras que detractores y los grupos de derechos humanos critican esta política, el Gobierno destaca que permite tener un Estado más fuerte.

Los defensores de las medidas argumentan que permiten aumentar la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 7 de julio de 2005 en Londres. Oficialmente se aduce que hace falta tanta vigilancia como sea posible para proteger al país.

La silenciosa aceptación por parte de la población da a entender que la mayoría cree que en tiempos peligrosos son adecuadas las fuertes medidas de control. Entre las pocas voces disonantes se cuenta el grupo Liberty, cuyo director, Shami Chakrabarti, critica “la venta de servicios de los sistemas de escuchas británicos a una potencia extranjera” y denuncia los pactos secretos que se cierran a espaldas del Parlamento.

En opinión del politólogo Rodney Barker, de la London School of Economics, al gobierno del primer ministro David Cameron le viene muy bien la alerta decretada estos días por el peligro de atentados en la península arábiga.

“No parece una casualidad que justo ahora que la gente se está acostumbrado a las historias sobre el espionaje nos digan que hay que cerrar embajadas de manera preventiva”, señala Barker. “El mensaje que subyace es: ´si no estuviéramos escuchando todo, no nos habríamos enterado del peligro”.

Barker cree que el Gobierno se aprovecha de un cierto desinterés de los ciudadanos. Y destaca: “En tiempos de crisis económica, la protección de datos y la esfera privada no encabezan la lista de prioridades británica”.