ARGENTINA

Represores, en la mira

Una comisión médica determinará si los presos deben continuar en hospitales militares o en centros médicos civiles.
FUGA. Jorge Antonio Olivera (Izq.) y Gustavo Ramón De Marchi escaparon del Hospital Militar en Buenos Aires. AFP FUGA. Jorge Antonio Olivera (Izq.) y Gustavo Ramón De Marchi escaparon del Hospital Militar en Buenos Aires. AFP
FUGA. Jorge Antonio Olivera (Izq.) y Gustavo Ramón De Marchi escaparon del Hospital Militar en Buenos Aires. AFP

Los represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se encuentren internados o bajo tratamiento médico en hospitales de las Fuerzas Armadas serán sometidos a un exhaustivo control para verificar su estado de salud, como consecuencia de la fuga de dos exmilitares la semana pasada desde un centro médico.

Con ese fin, el gobierno creó ayer una comisión médica asesora que tras evaluar la salud de los prisioneros determinará si estos deben continuar internados en hospitales militares o en cambio pueden ser trasladados a centros médicos civiles.

La presidenta Cristina Fernández ordenó el viernes que ningún condenado por crímenes de lesa humanidad reciba atención médica en hospitales o centros de salud dependientes de las Fuerzas Armadas. La medida fue dispuesta luego de la fuga de dos represores desde el Hospital Militar Central de Buenos Aires, al que habían sido trasladados para someterse a distintos tratamientos.

El gobierno sospecha que personal médico de ese centro estuvo involucrado en la fuga de los exmilitares Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes cumplían penas de 25 años de prisión y cadena perpetua, respectivamente, en una cárcel federal de la provincia de San Juan, 1,265 km al oeste de Buenos Aires.

Ambos fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. El objetivo del gobierno es que los represores detenidos con o sin condena sean asistidos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, suburbio al suroeste de Buenos Aires.

“Esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios”, sostuvo el ministro de Justicia, Julio Alak.

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