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Retiran a jueza en caso de Ríos Montt

El general Efraín Ríos Montt está acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad durante su mandato.

La jueza a cargo del proceso de genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt fue retirada del caso ante solicitudes de abogados defensores de otros militares inactivos supuestamente involucrados en matanzas de indígenas en la década de 1980.

La jurista Carol Patricia Flores informó ayer de su retiro, poco antes de comenzar una audiencia en la que debía decidir si Ríos Montt podía aplicar a una amnistía promulgada en 1986.

La recusación fue interpuesta por los abogados defensores de los también generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, imputados en el mismo proceso por genocidio.

La magistrada explicó que la recusación fue interpuesta en su contra en noviembre por Luis Obando Corzo, abogado López Fuentes, quien consideró que la jueza es parcial en el proceso. Flores informó que la Sala Primera de la Corte de Apelación puso al juez Miguel Ángel Gálvez a cargo del caso de genocidio contra los exoficiales castrenses.

Gálvez suspendió la audiencia de Ríos Montt indicando que debe de informarse sobre todas las particularidades del proceso. Fijó una nueva audiencia para marzo. Flores abrió proceso a Ríos Montt por genocidio y crímenes en contra de la humanidad en enero y el general retirado quedó bajo arresto domiciliario.

Los tres militares retirados son acusados de 266 acciones en las que habrían muerto al menos mil 771 personas, se habrían cometido mil 400 violaciones contra los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29 mil personas entre 1982 y 1983.

La jueza encargada del proceso por genocidio contra Efraín Ríos Montt debía escuchar ayer en una audiencia los argumentos de los abogados defensores que piden que el exdictador sea beneficiado por una amnistía promulgada en 1986.

Los abogados Francisco Palomo y Luis Rosales solicitaron la audiencia la semana pasada a la jueza Carol Patricia Flores.

El argumento central de la defensa se basa en un decreto promulgado por el también golpista general Óscar Mejía Víctores el 10 de enero de 1986 que estableció una amnistía para personas que combatieron en el conflicto interno armado en Guatemala.

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