Tribunal destituye a ´premier´ tailandesa

Yingluck Shinawatra fue acusada de abuso de poder al destituir a un alto funcionario hace tres años y reemplazarlo con un pariente.

El Tribunal Supremo de Tailandia encontró ayer culpable de infringir la Constitución a la primera ministra del país, Yingluck Shinawatra, y la destituyó del cargo, así como a otros nueve ministros.

La crisis de gobierno que azota al país desde noviembre de 2013 alcanza así un nuevo pico de tensión.

El partido gubernamental Pheu Thai nombró como sucesor de Yinluck a su viceprimer ministro, Niwatthamrong Boonsongpaisan.

La corte consideró ilegal el desplazamiento hace tres años de un alto funcionario y su sustitución por un pariente de Yingluck.

Permanecen en el cargo los ministros que no hayan tenido que ver con la decisión, que designarán al nuevo primer ministro, mientras que en cambio caen todos los implicados, entre ellos el de Trabajo, el de Relaciones Exteriores y el de Finanzas.

Yingluck se defendió de las acusaciones de delito constitucional y argumentó que no sacó beneficio personal del nombramiento. “Durante mi mandato siempre he trabajado duro por el bien del pueblo tailandés (...) Seguiré trabajando por la democracia y la igualdad de todos los ciudadanos”, dijo.

Su partido condenó la decisión y alegó que la condena es una conspiración para derrocar al Gobierno.

Sin embargo, la decisión sigue sin desbloquear la paralización política del país, donde la oposición quiere que se nombre a un gobierno de transición no elegido en las urnas que imponga reformas para que no sea posible un abuso del poder en el futuro.

Los opositores intentan hacer caer a Yingluck desde noviembre y la acusan a ella y a su familia –sobre todo a su hermano Thaksin, destituido en 2006– de corrupción y malversación de fondos.

Por el contrario, el Gobierno exige que el nuevo Ejecutivo surja de las urnas, en las que según las encuestas lleva las de ganar.

Los seguidores de Thaksin anunciaron manifestaciones masivas si se nombra a un gobierno no elegido.

“Esto es un golpe jurídico con consecuencias a largo plazo en el equilibrio del poder”, opinó el jurista y analista Verapat Pariyawong.

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