Uruguay no acata fallo de la Corte IDH

La ´Constitución´ del país está por encima de las decisiones de la Corte IDH, recordó el portavoz del alto tribunal uruguayo.

La Corte Suprema de Justicia de Uruguay no dará marcha atrás con su fallo de febrero, en el que declaró inconstitucionales dos artículos de una ley que permitían investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, pese a una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) .

El portavoz del máximo tribunal, Raúl Oxandabarat, dijo que la decisión de la Corte IDH no generará cambios. La Corte Suprema “no se va a mover de su punto”, afirmó. “La Suprema Corte de Justicia uruguaya es clara en señalar que la Constitución del país está por encima de las decisiones de la Corte IDH”, agregó.

La Corte Suprema declaró en febrero inconstitucionales dos artículos de una ley de 2011 que permitían investigar crímenes de la dictadura (1973-1985), pese a una amnistía aprobada por el Congreso en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último de ellos en los comicios generales en los que fue electo presidente José Mujica, del Frente Amplio de izquierda.

Uno de los artículos invalidados por la Corte decía que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad” para los crímenes de la dictadura. El otro declaraba a estos delitos como “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales”.

Sin embargo, la decisión no impide seguir investigando los crímenes de la dictadura.

La Corte subrayó en un comunicado que sigue vigente el artículo 1 de la ley de 2011 que “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” sobre los crímenes del régimen de facto, algo que había sido anulado por la amnistía de 1986.

Sin embargo, la Corte IDH hizo pública el miércoles una resolución contraria a la decisión tomada por la Corte uruguaya en febrero en la que además afirma que sus fallos son vinculantes y Uruguay debe cumplirlos.

“Esto es Uruguay, acá se aplica el derecho del país. La Suprema Corte se pronunció diciendo que dos artículos (de la ley de 2011) son inconstitucionales. Y aquí termina el tema”, declaró Oxandabarat.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado está obligado a adecuar sus normas y sus prácticas a la Convención reformando, derogando o anulando aquellas que desconozcan derechos reconocidos u obstaculicen su ejercicio.

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