SESIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

Venezuela, emplazada ante la ONU

Se exhortó al país a extender una invitación al Comité contra la Tortura y se cuestionó por qué no ha aceptado las peticiones hechas por ocho relatores.

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Un grupo de venezolanos protestó el martes frente al Palacio de Justicia. AFP/Archivo. Un grupo de venezolanos protestó el martes frente al Palacio de Justicia. AFP/Archivo.
Un grupo de venezolanos protestó el martes frente al Palacio de Justicia. AFP/Archivo.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó ayer a Venezuela sobre las detenciones realizadas durante las protestas de febrero pasado.

Por primera vez desde hace 12 años, Venezuela compareció ante el comité, que entre ayer y hoy revisará si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación, José Vicente Rangel, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó que la “Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos”. “En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos”, aseveró.

La afirmación fue rebatida por Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela. “Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3 mil detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado ni contactar con su familia y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, cuestionó.

El relator recordó que la “ley doméstica” establece la prohibición de la tortura cuando la persona está “bajo custodia de las autoridades”, y preguntó qué normas se aplican cuando la persona no está oficialmente detenida. “¿Si se alegan torturas sin estar en custodia se investiga?”, cuestionó.

En la misma línea, el experto dijo que le consta que se han denunciado “muchas más” de las 183 violaciones a los derechos humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados.

Otra experta, Felice Gaer, dijo que solo 12 funcionarios han sido condenados por violaciones a los DDHH en la última década cuando en el mismo período se han hecho unas 5 mil denuncias.

Modvig cuestionó que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura sea independiente del Gobierno, ya que 6 de sus 13 miembros representan al Ejecutivo.

También cuestionó la independencia de los médicos que examinan a las víctimas –“¿Cómo se les escoge? ¿Quién les paga?”– y los servicios forenses que examinan las evidencias.

Además de Modvig, los expertos Abdoulaye Gaye, Essadia Belmir y Gaer pre guntaron sobre el sistema judicial y cuestionaron que sea independiente cuando “al menos” un 15% de sus miembros es contratado temporalmente.

El presidente del comité Claudio Grossman preguntó si es correcto que el 60% de los 53 mil reos no ha sido aún juzgado, y censuró este retraso del sistema judicial.

Gaer también se refirió al caso de presos de alto perfil como Leopoldo López, y criticó, entre otras cosas, que se les tenga en confinamiento.

Empresarios abogan por López

“La libre asociación de políticos, empresarios e intelectuales expresa su plena coincidencia y respaldo a la solicitud hecha a Venezuela” por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se libere a políticos opositores detenidos arbitrariamente, así como a la reciente opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de instar a Venezuela a liberar a Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano”, expresó en un comunicado el Foro Iberoamérica, reportó el diario El Nacional.

El Foro, reunido en México esta semana, se une a 11 organizaciones y mandatarios que exigen liberar de inmediato a los políticos. Entre los suscriptores del comunicado están los expresidentes Felipe González (España), Fernando Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Julio Sanguinetti (Uruguay) y Belisario Betancourt (Colombia).

El Foro, una especie de sitio de reflexión para el desarrollo de la comunidad iberoamericana, dio abierto apoyo a la dirigencia opositora que reclama respeto a la disidencia política, al derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Tintori lleva su denuncia a la audiencia internacional

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció a través de CNN la situación que vive su familia y su país. “Es algo muy fuerte, muy duro, muy indignante. Mi esposo está preso injustamente y vivimos en una crisis de escasez, de inflación e inseguridad que nos está matando”, manifestó.

Sobre la inasistencia de López al juicio que se le sigue, las últimas dos semanas, reiteró que la estrategia obedece a que es incoherente que haya un juicio cuando el despacho judicial cerró desde el 8 de octubre, día que llegó la petición de la ONU de liberar a López.

“Hasta que eso pase [que se pronuncie la juez] Leopoldo no va a ir porque además lo levantan a las 3:00 de la mañana, lo trasladan como si fuera un delincuente, lo meten en un calabozo por horas, lo tiran en el piso a esperar que el tiempo pase y luego lo suben al Palacio para que digan que difirieron la audiencia”.

Tintori no duda que lo fuercen a presentarse. “Yo de este régimen de Maduro, de toda su gente, me espero cualquier cosa... No está garantizada la seguridad ni la vida de mi esposo en esta cárcel militar”, dijo.

Tintori aseguró que no van a doblegar a su esposo, que hoy está preso, aislado, castigado. “No lo dejan ni siquiera llamar por teléfono público a sus hijos”, alegó.

Hablando en inglés, pidió auxilio y apuntó que su voz representa la voz de estudiantes perseguidos y de personas detenidas arbitrariamente.

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