control y regulación de los medios por parte de los gobiernos

Los empujes autoritarios y sus semejanzas en el tiempo

El código, dice el documento de la reina y de los políticos, “debe tener en cuenta el interés del público” para “proteger la seguridad y la salud públicas” y para “prevenir al público de ser seriamente confundido”.
Pie de foto a dos pisos AGENCIA/Credito. Pie de foto a dos pisos AGENCIA/Credito.
Pie de foto a dos pisos AGENCIA/Credito.

La historia de la humanidad demuestra, con inapelable claridad, que la libertad nunca ha de estar ganada para siempre. Aquí y allá, antes y ahora, hay, hubo y habrá dos grandes fuerzas enfrentadas: una, que lucha para que el hombre sea cada vez más libre en todos los aspectos de su existencia, y otra, opuesta, decidida a esclavizarlo. Se trata de una gruesa línea divisoria que no respeta credos, ideologías, épocas, imperios, países, nortes, sures, estes y oestes. Esto es particularmente evidente respecto a la libertad de expresión del pensamiento.

LAS VÍAS DE LA CENSURA

Hoy, en Venezuela, el gobierno cuasi dictatorial del presidente Nicolás Maduro está en pleno proceso de asfixia a la prensa no adicta al régimen chavista, empleando el no tan novedoso mecanismo de impedir a los diarios acceder al insumo básico para que puedan circular: el papel.

Durante el año 2007, cuando el fallecido “emperador” Hugo Chávez declaró que Venezuela sería, a partir de entonces, un país “socialista”, el gobierno dispuso que aquellos individuos o empresas que importaran “bienes no prioritarios” deberían pasar por las horcas caudinas del Ministerio “del Poder Popular” de Industrias para obtener un “certificado de “No Producción Nacional” o, en su defecto, de “Producción Nacional Insuficiente”.

En aquel momento, el papel prensa en bobinas figuraba en la nómina de prioridades importables y, por lo tanto, los diarios no estaban obligados a obtener esos certificados. Pero en 2012 eso cambió. El Ministerio “del Poder Popular” de Planificación y Finanzas sacó de la lista el papel para la prensa y, desde entonces, los periódicos han sido forzados a conseguir esos documentos que el Gobierno entrega discrecionalmente.

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la colombiana Catalina Botero, advirtió que “la escasez de papel representa un problema muy grave, no sólo para los medios y los periodistas sino para toda la sociedad, la cual ve afectado su derecho a recibir información”.

Botero agregó algo que debería ser obvio, pero –a la vista está– no lo es para los populismos autoritarios: “El papel para diarios es un insumo fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión”. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, expresamente, que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Pero eso no le importa a Maduro ni a sus ministros, ni a los asesores cubanos que cogobiernan Venezuela desde hace años. Ellos sueñan con acallar las voces críticas o independientes. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la escasez de papel promovida por el régimen ya produjo la clausura de 10 periódicos regionales, otros 21 diarios enfrentan problemas para comprar insumos en 9 estados, a 6 les queda papel sólo hasta febrero y por lo menos 14 periódicos redujeron drásticamente la cantidad de páginas y suprimieron la impresión de revistas y suplementos.

El viernes 17 de enero, el diario “El Nacional, uno de los más importantes de Venezuela, publicó en su portada una desesperada carta de su director, Miguel Henrique Otero, dirigida a Maduro. Allí, Otero exigió al jefe del régimen “bolivariano” que la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi), que es el organismo estatal encargado de autorizar la compra de dólares que, a su vez, permiten adquirir el papel en el exterior, habilite de una vez y “sin subterfugios” a El Nacional, antes de que sea demasiado tarde.

El periodista dijo que esta conducta discrecional del Gobierno “afecta el principio fundamental del periodismo”, que es informar, “y el derecho que tiene el pueblo venezolano de estar informado”.

Otero recordó a Maduro que el presidente de Venezuela “debe ser garante de la legalidad, pilar de la eficacia de la administración pública y custodio de los derechos de los venezolanos”. Pero como Maduro no entiende de esas cosas, le recriminó que en el caso de El Nacional la ley “se ha dejado de lado en forma escandalosa, la burocracia se ha mantenido en una mudez insólita y las prerrogativas de la ciudadanía no se han respetado ni siquiera en términos relativos”.

ANTES YA PASÓ EN LATINOAMÉRICA

El sistema de acoso a la prensa no condescendiente aplicado por el régimen “bolivariano” tiene antecedentes en la historia de América Latina. En la década de 1940, otro gobierno populista y autoritario, dirigido por el coronel Juan Domingo Perón en Argentina, apeló al mismo procedimiento de censura: provocar la bancarrota de periódicos críticos impidiéndoles el acceso al papel.

En 1946, cuando Perón asumió el poder, contaba con pocos diarios oficialistas. Pero el militar estaba obsesionado con el control de la información y entonces decidió presionar a la prensa crítica, distribuyendo arbitrariamente el papel de diario. Los periódicos no oficialistas recibían cada vez menos papel. Por supuesto, Perón también prohibió el envío de los diarios que no quería por el correo estatal, enjuició a editores por desacato, allanó, clausuró y expropió unos 70 periódicos.

El gobierno de Perón controlaba, además, todas las radios del país (aún no había televisión). Lo mismo ha pasado en Venezuela: después de que el régimen logró engullir a casi todas las radios y emisoras de televisión, ahora va por los diarios. Maduro y Perón, un solo corazón.

Y si el presidente de Venezuela copia ahora lo que hizo Perón hace 60 años, los avances sobre la prensa en países democráticos pueden ser tremendamente peligrosos, especialmente porque pueden ser adoptados por los líderes autoritarios como elementos justificatorios de su propio proceder ilegal, ilegítimo y prepotente.

CARTA REAL, INTROMISIÓN LEGAL

En el Reino Unido, después de un escándalo protagonizado en 2011 por el diario News of the World, que violó la ley espiando las llamadas telefónicas de cientos de personas para publicar historias basadas en chismografía, la sociedad reaccionó de manera virulenta no solo contra ese periódico sino contra la prensa en general. No bastó que el diario se viera forzado a cerrar ni que decenas de periodistas fueran procesados por la comisión de delitos comunes. Parte de la gente y sobre todo la clase política querían sangre.

Así, en 2013, el Parlamento inglés aprobó una “Carta Real”, firmada por la reina y apoyada por todos los partidos políticos, con el propósito de sentar las bases de una “autorregulación” que, como sería impuesta por el Estado, es una verdadera regulación a secas. El regulador sería designado mediante un mecanismo complicadísimo por los políticos y la prensa no tendría injerencia en esa decisión. Por primera vez en más de 300 años, si esto prosperara, el Reino Unido –la cuna de la libertad de prensa– tendría al Gobierno controlando los contenidos de los diarios y revistas.

La “Carta Real” establece, entre otras aberraciones, que todos los periódicos deberán observar un código de comportamiento, que será controlado por los reguladores. El código, dice el documento de la reina y de los políticos, “debe tener en cuenta (...) el interés del público” para “proteger la seguridad y la salud públicas” y para “prevenir al público de ser seriamente confundido”. Además, determina que los diarios deberán observar un “respeto apropiado” sobre la privacidad de las personas “cuando no haya una justificación suficiente desde el punto de vista del interés público” para invadirla.

Para que quede claro: el regulador controlado por el Gobierno inglés definirá, si esto se transforma en ley, qué es de “interés público” y qué no, cuándo han sido “protegidas” la seguridad y la salud públicas y cuándo no, en qué momento el público ha sido “seriamente confundido” y en qué momento no, qué es una práctica periodística “apropiada” respecto a la privacidad de las personas y qué no lo es, y cuándo la justificación para invadirla es “suficiente” y cuándo no.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa –uno de los principales depredadores de la libertad de prensa en América Latina–, está muy satisfecho con la “Carta Real” inglesa.

El 24 de agosto de 2013, durante una de esas cadenas obligatorias para todas las radios y televisoras ecuatorianas, en las que habla horas y horas, Correa justificó su “ley de medios” –la más controladora y abusiva del continente– apelando a lo que está ocurriendo en Inglaterra. “Para que vean lo malas que son las leyes de comunicación, que aquí hay dictadura, autoritarismo, que la mejor ley es la que no existe, que la prensa solita se autorregula, veamos qué pasa en el Reino Unido”, dijo desde un estrado montado en Quito y ordenó proyectar un video.

Allí, un par de locutores en off dijeron: “La ley de Comunicación, ley mordaza, atentado a la libertad de expresión, palabras con que la prensa mercantilista mentía y aseguraba que en el país no se puede ni opinar y que la ley silenciará a las voces libres. Pero ahora naciones extranjeras dan la razón al Ecuador.

El Reino Unido ha creado un proyecto de ley de Comunicación para regular los excesos de cierta prensa amarillista en ese país. El proyecto de ley establece sanciones millonarias; además, los medios pedirán disculpas si han ofendido o denigrado a alguna persona.

Sorprendentemente, durante los debates para aprobar la ley, grupos con acciones en los medios mercantilistas del Reino Unido dicen que esta sería una ley negativa para la libertad de prensa y para la libertad de los individuos, por lo que han retrasado la aprobación de la ley. ¿Les suena familiar? Recordemos: en Ecuador sucedió lo mismo con grupos mediáticos que vigilaron sus intereses económicos; se sumaron grupos en contra de la ley, como la SIP, ahora presidida por Jaime Mantilla, dueño del diario Hoy, o Fundamedios, del político opositor César Ricaurte, ONG señalada por los WikiLeaks como la informante de la Embajada norteamericana. Ley de comunicación: la importancia de su existencia es a nivel mundial (énfasis agregado).

Luego del video, Correa retomó su empalagosa verba y ratificó: “Lo mismo de siempre: no defienden la libertad de expresión sino sus intereses. La patente de corso para seguir dominando, cometiendo abusos, acoso mediático, lo que hemos llamado aquí ´linchamiento mediático´. Pero miren cómo en el Reino Unido se está discutiendo una ley de comunicación y los grupos vinculados a los medios de comunicación están oponiéndose a la ley. ¿Defendiendo la libertad de expresión? No. Defendiendo el negocio. Que nadie se engañe: defendiendo el poder que les da ese negocio. Bueno, ojalá que el Reino Unido y todo el planeta sigan el buen ejemplo de Ecuador”.

Durante las amplias discusiones que hay aún en el Reino Unido a propósito de este planteo gubernamental, muchos están recordando las palabras que Winston Churchill pronunció en un discurso de 1949. “Una prensa libre –dijo esta figura fundamental del siglo XX– es el siempre despierto guardián de todos los otros derechos que los hombres libres aprecian; es el más peligroso enemigo para las tiranías (...). Bajo las dictaduras, la prensa está forzada a languidecer (...). Pero donde las instituciones libres están amarradas a la tierra y los hombres tienen el hábito de la libertad, la prensa continuará siendo el cuarto poder, el guardián vigilante de los derechos de los ciudadanos comunes”.

Así es. Y así será.

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