CORTE DE APELACIONES DE CHILE RESUELVE CASO DE LA DICTADURA DE PINOCHET

$7.6 millones para 30 presos políticos

La Corte mantuvo la decisión de otorgar unos $254 mil a cada una de las personas que demandó al Estado en 2008.
Exposición de fotografías de unos 700 desaparecidos durante la dictadura. REUTERS/Archivo. Exposición de fotografías de unos 700 desaparecidos durante la dictadura. REUTERS/Archivo.
Exposición de fotografías de unos 700 desaparecidos durante la dictadura. REUTERS/Archivo.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer al Estado chileno pagar 4 mil 500 millones de pesos (unos $7.6 millones) a 30 antiguos presos políticos que fueron confinados por la dictadura de Augusto Pinochet en la isla Dawson, en la Patagonia, informaron fuentes judiciales.

Según el fallo unánime de la III Sala del tribunal, cada uno de los demandantes recibirá 150 millones de pesos (unos $254 mil) como indemnización por su confinamiento en la isla, donde Pinochet (1973-1990) instaló un campo de prisioneros políticos que funcionó entre septiembre de 1973 y el mismo mes de 1974. Allí, los presos eran sometidos a un régimen de trabajos forzados.

La demanda fue interpuesta en enero de 2008 por los exprisioneros, muchos de los cuales se exiliaron tras obtener su libertad. Cuatro de ellos murieron durante la tramitación de la demanda.

El fallo confirmó lo dicho en primera instancia: que los demandantes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que configuran un delito de lesa humanidad imprescriptible.

El Consejo de Defensa del Estado se opuso al pago al alegar la prescripción de los hechos, pero el fallo refrendó que tratándose de delitos de lesa humanidad, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas establecidas en la ley civil interna.

La divulgación del fallo coincidió con la noticia de la Fundación Salvador Allende y la organización Londres 38, Espacio de Memorias que revelaron el contenido de 429 documentos desclasificados que evidencian la extensa red de vigilancia a la ciudadanía chilena que tuvo lugar durante la dictadura.

El archivo, perteneciente a la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet entre 1977 y 1990, demuestra que la vigilancia operó en todo el país. Entre las láminas y documentos hay informes de agentes que hacían seguimientos a personas y a dirigentes civiles y sindicales, lo que, según los representantes de la fundación, demuestra que la represión estuvo también dirigida a la sociedad civil y no solo a los resistentes políticos.

“De ello se deduce que lo que le sucedía a las víctimas de la represión también le ocurría al resto de la sociedad...”, sostuvo el periodista y miembro de la fundación Londres 38, Libio Pérez.

Otro dato relevante es que el presupuesto previsto para la organización en 1982 era de más de $72 millones. “Al contrario de lo que el dictador dijo durante todo el tiempo, estos documentos desvelan que la CNI no era una agencia clandestina sino que dependía directamente de la Presidencia de la República...”, alegó Miguel Lawner, miembro de la Fundación.

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