'La situación es grave'

La relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, alertó sobre violaciones de derechos en Venezuela.

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“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado en distintas oportunidades que la situación de libertad de expresión en Venezuela es muy grave, y con los últimos acontecimientos la situación se ha puesto todavía más grave y preocupante”, dijo ayer la relatora, Catalina Botero, en declaraciones a La Prensa.

De acuerdo con Botero, el gobierno del presidente Nicolás Maduro viola el derecho a la libertad de expresión al detener a personas que salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta, considerado fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos y, como tal, un derecho protegido.

“Protestar es una manera de expresarse y es peligrosísimo que los Estados y gobiernos acudan al expediente de calificar a la gente que protesta como terroristas o como enemigos de la patria, golpistas, sediciosos o como subversivos. Eso es muy grave, porque la gente tiene derecho a protestar y el Estado lo que tiene es que garantizar que la gente ejerza ese derecho de manera pacífica y no me parece que eso es lo que sucede en Venezuela”, advirtió.

Concluyó que en el país suramericano se “viola el derecho a la libertad de expresión, el derecho a protestar y a manifestarse pacíficamente, cuando una persona es detenida por el hecho de participar en una protesta”.

Como lo dijo la CIDH en su comunicado del pasado viernes –agregó–, en Venezuela las personas están siendo detenidas por el hecho de salir a protestar. Permanecen retenidas durante un tiempo y hay denuncias por el uso de la fuerza en ese sentido.

En materia de libertad de expresión y medios de comunicación, Botero señaló que la situación también es particularmente grave por distintas razones. “Los medios abiertos en Venezuela están sometidos a un régimen absolutamente estricto, que no les da garantías; están sometidos a una serie de cláusulas que el gobierno se encarga de interpretar de acuerdo con su propio criterio y restringe con ello su posibilidad de cubrir y reportar lo que está pasando”, explicó.

Detalló que una de esas cláusulas prohíbe generar zozobra, “y el gobierno entiende que generar zozobra es cubrir las manifestaciones. Entonces, por escrito le da instrucciones a los medios de comunicación en las que se les obliga no transmitir manifestaciones ni lo que dice la oposición ni los reclamos de la gente que está en la calle. Esto es muy grave, porque la gente no está informada”.

Precisó, además, que los canales de cable como NTN24 –de Colombia– también están sometidos a restricciones enormes. “De hecho, como ustedes saben, el gobierno sacó a ese canal de las parrillas de programación sin que al parecer existiera un procedimiento. Fue una orden del presidente de la República, porque estaba transmitiendo las protestas y las voces de la oposición, lo cual en cualquier país democrático está protegido”, indicó.

“En los países democráticos, el debate supone puntos de vista diversos. El derecho y la Constitución suponen la protección de la gente que piensa distinto y protege sus derechos no solo a decir lo que piensa sino a protestar. Cuando cierran un canal como NTN24, simplemente lo que se genera es un caos informativo muy serio en Venezuela”, añadió.

Botero hizo un llamado a las autoridades venezolanas a que restablezcan los derechos y garantías consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, de manera que la gente pueda ejercerlos en plena libertad.

Comisión toma nota

En un comunicado difundido el pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el 12 de este mes en Venezuela y en especial por “denuncias relacionadas con actos de censura contra medios de comunicación, agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos y hechos de alegada persecución política”.

En el texto, la CIDH dijo que tomó nota de los “supuestos ataques de grupos civiles armados contra manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad”. También llamó al gobierno a restablecer el orden. 

Ver a continuación el comunicado completo de la CIDH:

CIDH manifiesta profunda preocupación por hechos de violencia en Venezuela y urge al Estado a garantizar una seguridad ciudadana democrática

14 de febrero de 2014

Washington D.C. -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia registrados en el contexto de manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela, así como otras denuncias relacionadas con actos de censura en contra de medios de comunicación, agresiones en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y hechos de alegada persecución política.  

La Comisión ha recibido y recabado información preocupante sobre los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del Gobierno Venezolano como de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, la CIDH ha tomado conocimiento sobre los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones, en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.  

De acuerdo a cifras ofrecidas por la Fiscal General de la República, un total de 66 personas habrían resultado heridas en las protestas a nivel nacional. De acuerdo a cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país, y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares.  

En este contexto, la CIDH también fue informada sobre la supuesta retención de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de la organización no gubernamental (PROVEA), en horas de la noche del mismo 12 de febrero por supuestos funcionarios del SEBIN. De acuerdo a lo denunciado por PROVEA, el señor Rodríguez habría sido trasladado a un sitio desconocido al Oeste de Caracas, donde habría sido golpeado por personas uniformadas de negro, quienes le habrían interrogado sobre sus actividades dentro de la organización y le habrían amenazado de muerte a él y a su familia. Luego de aproximadamente dos horas, el señor Rodríguez habría sido liberado, tras ser despojado de sus pertenencias y ser amenazado de no presentar una denuncia por estos hechos.  

La Comisión también ha recibido información sobre un supuesto bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela durante el desarrollo de estas manifestaciones y el cubrimiento noticioso que venían haciendo de las mismas. En particular, de acuerdo a información de público conocimiento, se habría sacado del aire la señal del canal colombiano de noticias NTN24, transmitido en Venezuela en la televisión por cable, mientras informaba sobre lo ocurrido durante las protestas.  

Asimismo, durante la jornada de protestas, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió que la cobertura mediática de los hechos de violencia registrados, “por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos”, podía constituir violaciones a la Ley de responsabilidad Social en radio y televisión lo cual podría acarrear penas y sanciones. 

En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteran su preocupación por la reducción de los espacios de debate público y que en esta coyuntura se configure la salida intempestiva de un canal y la persistente amenaza de sanción a los medios de comunicación por parte de las autoridades, por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Ello se traduce en una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte.  

La CIDH observa también que estos hechos ocurren en un contexto en el cual algunas autoridades venezolanas han hecho declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La Comisión reitera asimismo, que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza. 

Adicionalmente, la Comisión tiene presente que de acuerdo a información de público conocimiento, se continuarían registrando protestas y otros hechos de violencia en el país. En este contexto, continuarían las denuncias sobre personas detenidas en el marco de estas manifestaciones. 

La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.  

La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.  

Asimismo, y a fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH hace un llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos.  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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