FORO PENAL VENEZOLANO DENUNCIA ENCUBRIMIENTO DE FUNCIONARIOS

94.7% de las violaciones de derechos, sin detenidos

Los últimos informes del Ministerio Público dan cuenta de la apertura de investigaciones por 153 casos de violaciones de derechos humanos.
Apenas en cuatro de los homicidios consumados se ha acusado a 14 policías o militares, 12 de los cuales están detenidos y los otros dos gozan de medidas cautelares. XINHUA. Apenas en cuatro de los homicidios consumados se ha acusado a 14 policías o militares, 12 de los cuales están detenidos y los otros dos gozan de medidas cautelares. XINHUA.
Apenas en cuatro de los homicidios consumados se ha acusado a 14 policías o militares, 12 de los cuales están detenidos y los otros dos gozan de medidas cautelares. XINHUA.

Los supuestos responsables de 94.7% de los casos de violación de los derechos humanos que ha investigado el Ministerio Público desde febrero no han sido detenidos. Ese porcentaje se eleva a 98.6% si solo se consideran los procedimientos abiertos por tortura o tratos crueles.

Datos divulgados en los informes semanales de entre el 28 de marzo y el 25 de abril por la fiscal general, Luisa Ortega, indican que el Ministerio Público ha investigado 153 casos de violación de los derechos humanos. La categoría engloba 144 casos de tratos crueles, uno de tortura, seis de homicidios consumados y dos de homicidios frustrados.

De los seis homicidios consumados por funcionarios de seguridad investigados por la Fiscalía, en cuatro se han realizado acusaciones: el del carpintero Bassil Dacosta (12-F), el del mensajero Asdrúbal Rodríguez Araguayán (20-F), el de la funcionaria del Sebin Karelis Chacón (7-M) y el del estudiante de la Universidad de Carabobo Jesús Acosta (12-M).

Por estas muertes han sido acusados 14 policías y militares, 12 de los cuales están presos y dos están libres con medidas cautelares.

El Ministerio Público también ha presentado acusaciones en otros homicidios que, por involucrar a victimarios civiles, no son contabilizados como violación de derechos humanos.

Desde el inicio de las protestas en febrero, las autoridades han aprehendido a 2 mil 626 personas, de las cuales 0.83% son agentes de algún cuerpo de seguridad del Estado.

De ese total de arrestados, 180 quedaron privados de libertad y, de ese número, apenas 9.4% son funcionarios vinculados con delitos de lesa humanidad. Para esta fecha, hay cinco órdenes de captura de agentes que están pendientes por ejecutar.

Tortura sin culpables

La Fiscalía no ha impuesto responsabilidades contra ningún funcionario del Estado por el caso de supuesta tortura de Raúl Ayala, quien denunció haber sido sometido a descargas eléctricas tras su detención en febrero.

En su programa radial del viernes pasado, Ortega aseguró que han tratado de contactar a la víctima para que relate los hechos y colabore con la investigación, pero no responde a llamados telefónicos ni a citaciones.

En su informe del 11 de abril, el Ministerio Público informó estar investigando dos casos de tortura, cifra que fue reducida a un caso en el último reporte.

De las 144 denuncias de trato cruel, el Ministerio Público solo ha presentado detenidos por dos casos, lo que equivale a 1.3% del total. Uno se registró el 6 de marzo en Caracas cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana golpearon a un hombre de 27 años en una actuación en Los Ruices. Los policías fueron acusados y están privados de libertad.

El otro caso de trato cruel despejado por el Ministerio Público se registró en Valencia el 13 de febrero, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron y golpearon a 10 jóvenes de entre 21 y 25 años de edad, uno de los cuales fue violado con un fusil. Todos los guardias nacionales acusados por estos hechos están en libertad con medidas cautelares.

Los dos homicidios frustrados investigados tienen acusaciones: un funcionario de Poliaragua fue privado de libertad por atentar contra el estudiante de la UCV-Maracay Jaime Yéspica el 19-M, y un efectivo de Polimérida que disparó contra el estudiante José Gregorio Suárez el 7-F también está privado de libertad.

Encubrimiento

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, aseguró que en la mayor parte de los casos todavía no se puede hablar de impunidad, porque las investigaciones continúan en proceso. Sin embargo, denunció situaciones de encubrimiento.

“En el caso de Marvinia Jiménez, que fue golpeada con un casco en la cara por una funcionaria de la Guardia Nacional en Valencia, sí hay impunidad, porque la Fiscalía emitió una orden de captura contra la funcionaria responsable, pero la persona no ha sido entregada. La GNB la está encubriendo”, afirmó el abogado.

Romero advirtió que los comandantes de la GNB en Carabobo y Lara siguen una política de encubrir las torturas que cometen sus subalternos. “Ese comportamiento es sistemático desde 2013, cuando se atacó a las personas que protestaron por los resultados de las elecciones del 14 de abril. Esto agrava las cosas, porque se adentra en el terreno de crímenes de lesa humanidad”, alertó.

Estado banaliza casos

Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), denunció que el Estado trata de banalizar los casos de tratos crueles contra manifestantes para eximir su responsabilidad.

Explicó que la jurisprudencia internacional no establece separaciones entre los casos de torturas y los de casos crueles, como están intentando hacer las autoridades venezolanas.

“Ambos delitos son objeto de jurisdicción universal y son objeto de crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Por su parte, Romero denunció que este tipo de agresiones contra los manifestantes se vienen presentando desde abril de 2013 con el objetivo de castigar al que decida protestar.

“Todo comenzó en Carabobo y Lara, y ahora esa conducta se ha extendido y vemos también casos en Miranda, Táchira y Bolívar. Con Hugo Chávez había detenciones selectivas, pero este tipo de torturas generalizadas es algo nuevo que apareció con Nicolás Maduro”, advirtió.

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