Asep refuta tesis de desalojo indígena en Tolé

Indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, integrantes del Movimiento 10 de Abril, que defiende los ríos de su comarca, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que emita concepto sobre la demanda de nulidad presentada contra la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental, el cual autorizó la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco.

Mientras elevaban esa petición, más de un centenar de ngäbes se mantiene en alerta en un campamento instalado en Quiadba, desde el pasado lunes, para evitar el desalojo de las personas que se afectarán con el embalse, una vez que la empresa Generadora del Istmo, S.A. haga las primeras pruebas de llenado en mayo próximo. Unas 6.7 hectáreas anexas de la comarca serán afectadas.

Habla la Asep

Al respecto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) afirmó, en comunicado emitido ayer, que en ningún momento ha ordenado la práctica de desalojo alguno sobre un determinado lugar de la geografía nacional.

Aclaró que la construcción de esta hidroeléctrica fue declarada de carácter “urgente y de interés público” mediante Resolución AN No. 6103-Elec de 22 de abril de 2013. La referida resolución no ordena el desalojo de las zonas ribereñas del Tabasará, precisa el documento, sino más bien autoriza a investigar para determinar las afectaciones a estos poblados del río Tabasará, contenido en el Resumen Ejecutivo del Informe de Peritaje independiente de la presa de Barro Blanco.

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