LA JUSTICIA LLEGA TRAS 42 AÑOS DE IMPUNIDAD

Condenan a exguardia por muerte de arnulfistas

El mayor Pedro Carlos Ayala, entonces jefe de la zona militar, fue declarado "en rebeldía". Se desconoce su paradero.
JUSTICIA. José Manuel Morantes y su madre, Eddie Araúz, expresaron su satisfacción tras el juicio. A la izquierda, el teniente retirado Roberto Pérez Bardales cuando llegaba a la sala de audiencias. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel JUSTICIA. José Manuel Morantes y su madre, Eddie Araúz, expresaron su satisfacción tras el juicio. A la izquierda, el teniente retirado Roberto Pérez Bardales cuando llegaba a la sala de audiencias. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel
JUSTICIA. José Manuel Morantes y su madre, Eddie Araúz, expresaron su satisfacción tras el juicio. A la izquierda, el teniente retirado Roberto Pérez Bardales cuando llegaba a la sala de audiencias. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel

Luego de 42 años, aunque imperfecta, la justicia llegó para tres familias chiricanas, cuyos parientes fueron masacrados por elementos de la Guardia Nacional el 17 de agosto de 1969, en Sioguí Abajo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, tan solo por repudiar el golpe que derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid.

Ayer, luego de dos horas de deliberación, el jurado de conciencia, integrado por seis mujeres y dos varones, halló culpable a Roberto Antonio Pérez Bardales, teniente retirado de 66 años, como uno de los responsables de esta masacre.

Al escuchar el veredicto, Pérez Bardales, apoyado en un bastón, bajó la cabeza, pero sus labios no emitieron palabra alguna.

Pérez Bardales fue juzgado por la desaparición forzada y homicidio de Julio Mario Villarreal De Las Casas; José Manuel Morantes Madrid y Manuel Alberto Díaz Adames. Otro compañero de armas, Abundio Moreno, de 85 años, es juzgado en derecho por los magistrados del Tercer Distrito Judicial. Se desconoce el paradero del tercer acusado, el mayor Pedro Carlos Ayala, mientras que la acción judicial se extinguió con la muerte del capitán Arturo Jiménez Quijada, a quien se cita como uno de los ejecutores.

José Manuel Morantes Araúz, hijo de una de las víctimas, dijo que se hizo justicia y que ellos han perdonado a los autores del hecho, que él claramente recuerda cuando la fatídica tarde del domingo 17 de agosto de 1969, la Guardia Nacional irrumpió y quebrantó la paz y felicidad de su familia.

Abrazando a su madre, Eddie Araúz, Morantes dijo estar orgulloso de la justicia panameña, ya que el de su padre es un caso de hace 42 años, el cual ha sentado precedente, y anunció que “vienen muchos casos más donde se perdieron vidas”.

Julio Mario Villarreal III, hijo de otra víctima de esa masacre, expresó que el resultado es agridulce, porque hay un veredicto de culpabilidad, pero “no sabemos si algún día podremos saber dónde están los restos de nuestros familiares”.

Villarreal dijo no guardar rencor, pero pidió a los acusados que acudan a una iglesia y confiesen dónde enterraron los cuerpos.

La fiscal segunda superior, Nedelka Díaz, estima que será difícil conocer dónde reposan las víctimas, ya que Abundio Moreno, a quien se señala en el expediente como la persona que conoce el lugar, no ha aceptado su responsabilidad.

Ahora, Pérez Bardales tendrá que esperar a que el juez dictamine la pena que deberá cumplir, previa evaluación de su edad y salud.

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