violación de DERECHOS HUMANOS EN DARIÉN

Exigen retorno de 100 privados de libertad

La Pastoral Carcelaria calificó de violación a los derechos humanos de los presos hacer que pierdan sus audiencias y tenerlos alejados de sus familiares.
USUFRUCTO. El Servicio Nacional de Fronteras utiliza las instalaciones de la antigua cárcel de La Palma aledañas a su cuartel. Familiares de detenidos reclaman la rehabilitación del penal.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro USUFRUCTO. El Servicio Nacional de Fronteras utiliza las instalaciones de la antigua cárcel de La Palma aledañas a su cuartel. Familiares de detenidos reclaman la rehabilitación del penal.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro
USUFRUCTO. El Servicio Nacional de Fronteras utiliza las instalaciones de la antigua cárcel de La Palma aledañas a su cuartel. Familiares de detenidos reclaman la rehabilitación del penal.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro

Familiares de más de un centenar de privados de libertad de la provincia de Darién protestaron esta semana por los perjuicios que siguen enfrentando aquellos en sus procesos judiciales y derechos humanos, dado que permanecen confinados en presidios de la capital desde hace ya 30 meses.

Laurencio Menguizamá, padre de un detenido y vocero de los familiares, denunció que sus hijos fueron trasladados a La Joya y La Joyita de forma inconsulta, sin que lo ordenara un juez y que ahora han perdido 30 indagatorias y audiencias, fuera de que esta acción ha significado un distanciamiento de sus parientes.

El clamor de los padres también fue dirigido al ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a quien le exigieron que devuelva las instalaciones que ocupaba la cárcel de La Palma y de las que ahora se ha apropiado el Servicio Nacional de Fronteras, mientras que sus hijos son ultrajados en La Joya y La Joyita por otros confinados.

A su vez, Manuel Fuentes, abogado litigante, dijo que cuatro de sus clientes han perdido sus indagatorias y audiencias, porque nunca hay cómo trasladarlos ni agentes para custodiarlos

Pastoral solicita

También se pronunció la Pastoral Carcelaria de Darién. El sacerdote Nicolás Delgado señaló que nunca se debió cerrar el penal de Darién si el Ministerio de Gobierno carecía de una nueva instalación para reubicarlos, dado que al transferirlos a otra región han perdido sus derechos a la defensa, indagatorias y audiencias, pues nunca hay transporte ni personal dispuesto a trasladarlos a las personerías, fiscalías ni juzgados de Darién.

Estos hechos, agrega, son una violación a los derechos humanos de los más de 100 detenidos, por lo que urge que Darién tenga su centro de reclusión, tal como lo determinó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Al detenido hay que juzgarlo en su provincia”, sentenció.

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