SAMBÚ, COMARCA EMBERÁ WOUNNAN

Familias campesinas luchan contra desalojo

Los colonos interioranos insisten que han criado a sus hijos y cultivado estas tierras mucho antes de ser comarca, en 1983.

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Esta madre de familia porta un afiche que rechaza la corrupción judicial y se queja de los indígenas que ya una vez le quemaron su vivienda. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro. Esta madre de familia porta un afiche que rechaza la corrupción judicial y se queja de los indígenas que ya una vez le quemaron su vivienda. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro.
Esta madre de familia porta un afiche que rechaza la corrupción judicial y se queja de los indígenas que ya una vez le quemaron su vivienda. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro.

Miembros de 72 familias asentadas en poblados como Bayamón, La Candelaria, La Colonia y otros de la comarca Emberá Wounnan, provincia de Darién, realizaron ayer un piquete a la Corte Suprema de Justicia para pedir a sus magistrados mantener el fallo del Juzgado Civil de Circuito de Darién, proferido en 2012, que revocó su desalojo ordenado por la Corregiduría de Sambú, en junio de 2011.

Pascasio Miranda, presidente del Comité Pro Rescate de Tierras de Sambú, expresó que no saldrán de sus fincas, dado que ellos han trabajado y formado sus familias, desde varias décadas antes de la creación de la comarca, en 1983.

Informó que frente a las intenciones de la dirigencia indígena de expulsarlos y quemar sus casas, han apelado el fallo emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que revocó el fallo del Juzgado Civil de Darién, expedido en 2012.

Tribunal con emberás

El pasado 22 de agosto, el Primer Tribunal concedió un amparo de garantías constitucionales al entonces cacique comarcal Betanio Chiquidama. El fallo revoca una orden del Juzgado Civil de Circuito de Darién, en que se pidió a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) otorgar derechos posesorios a 72 jefes de familias campesinas en la comunidad de Bayamón.

El fallo del 22 de agosto de 2014 tuvo como ponente al magistrado Nelson Ruiz, quien indicó que el entonces juez de circuito civil y penal de Darién, Agilio Gudiño, ordenó a la Anati en fallo del 23 de agosto de 2012, dar derechos posesorios a las 72 familias campesinas sin tener competencia para ello.

Explicó el magistrado que el amparo de garantías no es el mecanismo legal idóneo para gestionar otorgamiento de derechos posesorios, en lo cual incurrió el juez Gudiño.

En el fallo de 2012, el juez Gudiño concedió un amparo de garantías a los campesinos, revocó el desalojo ordenado por la Corregiduría de Sambú, el 29 de junio de 2011, y ordenó a la Anati expedir derechos posesorios, a los colonos.

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