CIUDAD JUDICIAL DE DAVID

Justicia en Chiriquí urge de una sede segura

Se sugirió comprar y remodelar un edificio embargado por un banco, en la vía a Boquete, el cual respondería a las exigencias operativas. Su costo es de $7 millones.

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El emblemático castillo judicial se encuentra en malas condiciones estructurales, por la actividad sísmica. La Procuraduría debe resolver. ESPECIAL PARA El emblemático castillo judicial se encuentra en malas condiciones estructurales, por la actividad sísmica. La Procuraduría debe resolver. ESPECIAL PARA
El emblemático castillo judicial se encuentra en malas condiciones estructurales, por la actividad sísmica. La Procuraduría debe resolver. ESPECIAL PARA

El edificio que albergaba al Ministerio Público, en la Ciudad Judicial de David, cumplió ya 14 meses clausurado por medidas de seguridad.

Fue cerrado en abril de 2014. Una serie de temblores afectó sus bases y especialistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ordenaron que fuera desocupado.

La pintura luce afectada por la humedad y las autoridades no anuncian una solución a los problemas que este cierre ha causado.

Inadecuados

Edwin Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, capítulo de Chiriquí, declaró que las fiscalías, el Instituto de Medicina Legal y el personal administrativo se hallan separados en tres sedes distintas, algunas de ellas inadecuadas para dar rápido curso a los procesos judiciales.

“La sede de calle 4ta. carece de estacionamientos, y quienes asisten corren peligro por el tránsito vehicular que se mueve en esa zona”, dijo. El problema empeorará cuando en menos de tres meses deba entrar en vigencia el sistema penal acusatorio, señaló el jurista.

La ciudad judicial fue concebida para agilizar los trámites judiciales, pero las actuales condiciones lo impiden, insistió.

Riesgos

Según informe emitido por la dirección de Prevención y Mitigación de Desastres del Sinaproc, el 30 de julio de 2013, unos 345 funcionarios estuvieron durante ocho meses ocupando la edificación, pese a que el informe decía que había riesgo de pérdida de vidas humanas. El desalojo se dio en abril de 2014.

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aceptó, a fines de mayo, que aún no hay una solución al problema. Álvarez sugirió la compra de un edificio embargado por un banco privado, en la vía a Boquete.

“Este cumple con las exigencias del Ministerio Público en Chiriquí y una de sus plantas en construcción puede remodelarse y debería ser adecuada a las exigencias del sistema penal acusatorio”, aseguró. La inversión alcanzaría los $7 millones, precisó el jurista.

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