SAN CARLOS

Litigio por pozos rurales

Pozos y acueductos rurales están en terrenos privados, cuyos dueños piden un pago de al menos $200 al mes.
Las perforaciones de pozos en varios sectores de Panamá oeste se dio sin un contrato formal, trayendo ahora serios inconvenientes.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro. Las perforaciones de pozos en varios sectores de Panamá oeste se dio sin un contrato formal, trayendo ahora serios inconvenientes.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro.
Las perforaciones de pozos en varios sectores de Panamá oeste se dio sin un contrato formal, trayendo ahora serios inconvenientes.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro.

Décadas atrás, varias familias de El Higo de San Carlos permitieron que en sus terrenos se perforaran pozos y construyeran pequeños acueductos para beneficiar a las comunidades rurales, pero ahora reclaman que se les pague por ello hasta $200 mensuales.

Esta situación mantiene en estado de alerta a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) en Panamá oeste, toda vez que en algunos casos han tomado medidas extremas, perjudicando a los lugareños.

CONFLICTO

Tan solo en junio pasado, las propietarias del terreno en donde se ubica el pozo que suministra agua al poblado de El Higo de San Carlos, optaron por suspenderle el suministro al caserío y a la escuela.

Esta acción afectó a unas 200 casas, cuyos residentes se vieron obligados a acudir al río a buscar el líquido para abastecerse.

Los propietarios exigían al comité de agua el pago de $200 mensuales por el uso del pozo, o la exoneración a un grupo de casas del pago por el consumo.

Para restablecer el servicio fue necesaria la intervención de la corregiduría y de la alcaldía.

Marcelino Ramos, del Minsa, aseveró que este pozo fue perforado años atrás con la anuencia del propietario del predio, aunque legalmente no se suscribió ningún documento.

Para la comunidad, una nueva perforación representaría una inversión de $8 mil 500, pues las empresas privadas cobran $36 por cada pie de profundidad, y generalmente se requiere perforar hasta 120 pies.

Un caso similar se registra en el sector de La Laguna de San Carlos, donde se ubican las tomas de agua de un acueducto que abastece a 40 casas y que no fue segregado al momento de elaborar el plano del terreno, que posteriormente fue adquirido por un extranjero.

DERECHO

En ambos casos, el Minsa ha tenido que recurrir a instancias legales para intentar mantener el derecho al uso de las fuentes de agua por parte de la población.

“Primero es la comunidad”, sentenció Ramos, alegando que aún se intenta negociar con los dueños de los predios.

Aclaró que ante estos casos el Minsa ha optado por exigir permisos escritos y notariados de los dueños de los terrenos donde se perforarán nuevos pozos, o del sitio en donde se ubiquen las tomas de agua.

Ramos dijo haber advertido a las autoridades de San Carlos sobre le demora en legalizar los terrenos en donde se ubican varias tomas de agua de los acueductos rurales.

Problemas de este tipo también se presentan en el corregimiento de Mendoza en La Chorrera, donde un tanque de reserva fue construido dentro de un terreno privado.

Los dueños de los terrenos prefirieron no hacer comentarios al respecto.

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