PANAMÁ OESTE

Mil familias viven en terrenos invadidos

La pena por invadir tierras es de tres años de cárcel, pero esto no amedrenta a quienes ocupan predios privados.
Durante el último quinquenio la administración del alcalde chorrerano saliente, Temístocles Herrera, enfrentó cinco invasiones de tierras, todas en fincas privadas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro. Durante el último quinquenio la administración del alcalde chorrerano saliente, Temístocles Herrera, enfrentó cinco invasiones de tierras, todas en fincas privadas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro.
Durante el último quinquenio la administración del alcalde chorrerano saliente, Temístocles Herrera, enfrentó cinco invasiones de tierras, todas en fincas privadas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Eric Montenegro.

La invasión de terrenos privados se ha convertido en el último recurso de algunas familias chorreranas para tener un lugar para vivir, luego de agotarse las fincas municipales ubicadas principalmente en corregimientos urbanos, donde la demanda es mayor.

Hoy día unas mil familias se mantienen en asentamientos informales localizados en Santa Elena y La Milagrosa, corregimiento de Playa Leona, y Mastranto final, corregimiento de Barrio Colón.

Tan solo en el último quinquenio la administración del alcalde saliente, Temístocles Herrera, enfrentó cinco invasiones de tierras, todas en fincas privadas.

INVASIONES

La más reciente se registró a inicios de este mes en el sector de Mastranto final, donde aproximadamente 800 familias se asentaron, alegando no poder continuar pagando alquileres.

Lilia de Guerra, alcaldesa electa de La Chorrera, abogó porque se realice una investigación sobre el estatus de esa finca antes de tomar una decisión, aunque enfatizó que no está de acuerdo con las invasiones de tierras.

Al respecto, el departamento de Ingeniería del municipio de La Chorrera confirmó que se trata de una finca perteneciente al Banco Hipotecario Nacional.

En tanto, desde 2012 cerca de 40 familias ocupan 1.10 hectárea en Santa Elena, mientras que desde finales de 2013 unas 61 familias habitan en 4 mil 419.41 metros cuadrados cedidos por el municipio al Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que construya sus instalaciones.

Ahora, estas personas están apostando al vencimiento de un acuerdo elaborado por el municipio, el cual le daba al MOP un plazo de cinco años para construir la infraestructura, o el predio volvería a ser nuevamente municipal.

SIN EJIDOS

Abilio Domínguez, ingeniero municipal, enfatizó que el municipio no tiene terrenos que ofertarle a la población.

Añadió que actualmente el municipio solo está legalizando las tierras de aquellas familias que cuentan con derechos posesorios, y que no han realizado este trámite.

La ley municipal limita para las áreas rurales la venta de hasta una hectárea, mientras que en los corregimientos urbanos se limita a dos lotes de 450 metros o 600 metros por persona.

Lo primero, adujo Domínguez, es verificar que el terreno esté disponible, posteriormente se solicita el lote al alcalde de turno y se obtiene el visto bueno de la Comisión de Tierras del Consejo Municipal, para luego realizar los pagos.

El tesorero municipal aseguró que el último reducto de tierras de esta comuna se ubicó a finales del año pasado en el sector de Cerro Negro, entre los corregimientos de El Coco y Guadalupe.

Se trata de tres hectáreas donde no existen caminos en buenas condiciones, y menos acceso a los servicios básicos.

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