EXPLOTACIÓN DE RECURSOS EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ

Sector del pueblo ngäbe demanda ley contra minería

Bernardo Jiménez, miembro del equipo ngäbe que firmó el acuerdo con el Gobierno, denuncia que el grupo busca beneficios económicos.

Ocho meses después de aprobada la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, con la que se puso fin a dos meses de diálogo tras las protestas del pueblo Ngäbe Buglé contra la minería, la Asociación por los Derechos y el Desarrollo Social Ngäbe interpuso ayer un amparo de garantías y una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en esa comarca.

De acuerdo con la asociación, la ley viola sus derechos humanos, pues les impide realizar proyectos para el aprovechamiento de los recursos hídricos y mineros dentro de la comarca.

Harley Mitchell hijo, abogado de este grupo de indígenas, explicó que ambos recursos buscan dejar sin efecto la Ley 11 de marzo pasado, ya que viola el artículo 4 de la Constitución que reconoce el Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece que las poblaciones indígenas tienen derecho a beneficiarse en igualdad de derechos.

Mitchell alegó que la ley limita a los habitantes de la comarca a beneficiarse de los recursos naturales, ya que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la explotación minera en ese territorio.

Según Mitchell, la norma viola además el artículo 19 de la Constitución, relativo al derecho al trabajo, ya que impide a los residentes de la comarca la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, como sí se le permite al resto de los ciudadanos.

Sin embargo, Bernardo Jiménez, que junto con la cacica Silvia Carrera formó parte del equipo negociador del pueblo ngäbe que firmó los acuerdos con el Gobierno, aclaró que los recursos legales fueron presentados por un pequeño grupo de residentes de la comarca, vinculados con empresas interesadas en explotar la minería en esa región.

Según Jiménez, este grupo busca beneficios económicos sin importarle los daños al medio ambiente.

La Ley 11 de 2012 fue el resultado del diálogo entre el Gobierno y los indígenas Ngäbe Buglé liderados por la cacica Silvia Carrera, que empezó el 7 de febrero tras la firma de los acuerdos de San Lorenzo, los cuales, a su vez, pusieron fin a a las confrontaciones entre los indígenas y la Policía Nacional que dejaron dos muertos y decenas de heridos.

La norma prohíbe la explotación minera dentro de la comarca.

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