DESCENTRALIZACIÓN

Acatar la ‘Constitución’ y la ley: Rafael Spalding

Según juristas las reformas constitucionales de 2004 fueron realizadas para cumplir con varios principios: fortalecer las instituciones de la democracia y revitalizar nuestro estado de derecho; ampliar los derechos fundamentales; perfeccionar la democracia representativa, y atenuar el presidencialismo.

Algunos objetivos puntuales fueron eliminar el ejército y darle un marco constitucional al Canal de Panamá.

A los municipios se les otorgó mayor autonomía. El alcalde y vicealcalde ahora son electos por votación popular, en vez de ser nominados y removidos por el Órgano Ejecutivo.

La Constitución claramente especifica que las autoridades municipales tienen privativamente la responsabilidad de ordenar el desarrollo urbano y promover la participación ciudadana en su territorio. El Órgano Ejecutivo debe garantizar el cumplimiento de estos fines, entre otros objetivos, a través de la descentralización de la administración pública.

Han pasado 10 años desde que las reformas constitucionales entraron en efecto y la descentralización de la administración pública a través de las autoridades municipales está todavía pendiente. Es una pena, los gobiernos abiertamente desacatan la Constitución.

Resaltamos, uno de los temas centrales es la atenuación del presidencialismo; y un gran paso en esa dirección es la descentralización de la administración pública a través de los municipios.

El gobierno de Martín Torrijos creó la Ley 6 de 2006, en la que se describen las responsabilidades de la autoridad municipal en los temas de planificación y desarrollo urbano. También creó la Ley 37 de 2009 que especifica más ampliamente la descentralización de la administración pública nacional.

El gobierno de Ricardo Martinelli incumplió lo ordenado en la Constitución. Echó por tierra el esfuerzo por atenuar el presidencialismo. Suspendió la Ley 37 de 2009 por los cinco años de su período presidencial. Trató infructuosamente de desarmar a la Ley 6 de 2006. El ordenamiento jurídico de Panamá no permite que un decreto ejecutivo altere lo especificado en una ley.

A pesar de su vigencia, la Ley 6 de 2006 ha sido violada con persistencia por los gobiernos de Torrijos, Martinelli y actualmente por el de Juan Carlos Varela, a través de actos ilegales realizados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (anteriormente el Ministerio de Vivienda).

El artículo 233 de la Constitución le ordena al Órgano Ejecutivo garantizar la descentralización de la administración pública. Para asegurar su éxito, este proceso debe ser realizado con la participación de experimentados urbanistas y administradores públicos, junto con la participación ciudadana, para que se transfieran las responsabilidades, se analicen y mejoren los procesos, se entrene personal y se reubiquen los fondos para lograr un sistema más eficiente y efectivo de administración pública. Esta reorganización administrativa no se logra a través de trámites legislativos ni con la creación de leyes nuevas. Es solo después de terminar la transformación administrativa que se concreta todo, con leyes claras y concisas.

Los ciudadanos exigimos proseguir expeditamente con el fortalecimiento de la democracia y revitalización del estado de derecho en Panamá, con una transición ordenada hacia la descentralización de la administración pública.

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