FISCALÍA ELECTORAL

Acción desafortunada y peor comunicado: Juan Manuel Castulovich

En general, he apoyado las acciones y los pronunciamientos de la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados, pero su participación en el espectáculo escenificado cuando la suplente del fiscal general electoral, designada por el Órgano Ejecutivo, compareció a las oficinas de esa entidad para asumir el cargo titular fue absolutamente lamentable y aun peor el comunicado que firmaron el presidente encargado y el secretario de actas.

No es objetable que el presidente del colegio, debidamente autorizado por la junta directiva, lo que suponemos sucedió, haya decidido sumarse a la denuncia que contra el fiscal Peñaloza había presentado un representante del Partido Popular. Sin embargo, una vez presentada la denuncia, el papel que correspondía al colegio era darle seguimiento a la misma. Que directamente se asumiera, como causa propia, encargarse de “posesionar” en el cargo a la señora Peñalba no era lo propio. Además, alegar que por ser las oficinas del fiscal general electoral un despacho público todos los ciudadanos tienen el derecho a irrumpir en él, es un argumento insostenible.

Cuando el fiscal Peñaloza optó por tomar vacaciones, siendo que tenía acumulados varios meses, no cometió ningún delito y haber designado un suplente especial, cuando ese cargo estaba vacante, por falta de designación por el Órgano Ejecutivo, era lo procedente. Que algunas personas no aprobaran la decisión del fiscal titular es su derecho, pero no una justificación para arrogarse la función de “juez de cumplimiento”.

Que el fiscal Peñaloza decidiera interrumpir sus vacaciones y reasumir su cargo, en vista de los hechos ocurridos el día en que la suplente Peñalba, casi a la fuerza y aupada por directivos del Colegio Nacional de Abogados, se posesionó del despacho, por el procedimiento más que inusual de ser juramentada por una notaria, que asumió funciones de autoridad nominadora, fue una acción lógica y consecuente.

Que a algunas personas su reasunción le merezca desaprobación, tampoco lo hace culpable de delito ni de sanción. Por consiguiente, el señalamiento que se hace en el comunicado suscrito por el presidente encargado del colegio de la existencia de las dos denuncias ya mencionadas como causa de inhabilitación es, como mínimo, incongruente.

Tanto los considerandos como los dispositivos del comunicado fallan, ya que al condenar la decisión del fiscal titular de suspender sus vacaciones y volver al ejercer el cargo, porque se han presentado denuncias en su contra, aparte de violar la garantía constitucional de la presunción de inocencia, equivale a que el colegio se atribuye la facultad de vetar el derecho del fiscal electoral a ejercer el cargo para el cual fue nombrado.

El fiscal Peñaloza, si ha sido denunciado con fundamentos, le corresponderá a la instancia judicial correspondiente decidirlo, cumpliendo los trámites de un debido proceso; pero mientras eso no suceda, presiones como las ejercidas por el colegio son absolutamente improcedentes y contrarias a la recta interpretación de los principios esenciales del estado de derecho.

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