DISTORSIÓN

Acciones privilegiadas para empresarios privilegiados: Roberto Brenes P.

Ha sido presentado a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 491, que en su primer artículo intenta meter un tercer parágrafo en el Art. 703, del Código Fiscal. Lo que se cocina en ese parágrafo es la creación de un tipo de “acción preferida” con ciertas características muy controversiales; por una parte, retribuye el capital invertido, sin pagar ningún impuesto a la renta, lo que contradice la situación actual porque la regla es que a todas las acciones se les retenga un impuesto de dividendos. Por otra parte, el proyecto hace ese pago de dividendos deducible, como si fuera un gasto, una característica propia de los instrumentos de deuda. El invento daría, tanto a su emisor como a sus tenedores, ventajas fiscales por todos lados, sin requisitos mínimos de transparencia, y nada para el fisco. Los que proponen el parágrafo dicen que el nuevo instrumento se compara con instrumentos que hoy se negocian en el mercado de valores. Aquí explicamos por qué no.

Todos los instrumentos bancarios y del mercado de valores que le conceden a sus tenedores ventajas fiscales, o son emitidos por instituciones reguladas o que dan sujetos a condiciones legales orientadas a proteger al público ahorrista. En el caso de los bancos, donde los depósitos son libres de gravamen, las instituciones están sujetas a reglas frondosas de transparencia y revelación de información financiera al regulador y al público. En el caso de empresas que emiten valores a través de la Superintendencia de Valores y la Bolsa, también, estas están obligadas a cumplir con reglas de revelación, difusión anual y periódica y a reglas de gobierno corporativo. Además, su negociación en el mercado también debe cumplir reglas de conducta, acceso paritario y monitoreo constante para evitar manipulación, fijación de precios y otros tipos de prácticas depredadoras de la confianza del público inversionista.

Esto es así, precisamente para dotar al mercado de legítimos instrumentos de ahorro e inversión; el Estado, a cambio de cumplimientos estrictos de regulación y de promoción del mercado de capitales, da incentivos a los emisores de estos papeles. Pero las ventajas son para el beneficio de los ahorristas, no para los originadores de los títulos ni para los intermediarios que los negocian; esos que tienen que pagar los impuestos correspondientes a sus comisiones y tarifas. Entonces. ¿qué obligaciones de transparencia, regulatorias y de gobierno corporativo ofrece un título privado como el que se propone, sin nada que revelar ni que cumplir ni con el inversionista ni con el regulador, para recibir un tratamiento tributario tan o más generoso que los existentes?

Un instrumento de capital, como es una acción preferida, a la que se le permita deducir como gasto el dividendo, es una extravagancia financiera y un atentado a la recaudación fiscal. Por una parte, muchas empresas cambiarán sus acciones comunes por estas privilegiadas acciones preferidas, renovándolas cada cinco años, con lo que nunca más pagarán un impuesto de dividendo y, más grave aún, deducirán esos dividendos como gasto del negocio. Igualmente, muchas empresas no pedirán préstamos bancarios, sino que estructurarán, en colusión con los propios bancos, una acción preferida, que no será sino un préstamo disfrazado con garantías por fuera, en que se toma tanto la deducibilidad del dividendo por la empresa como el ingreso del banco que no será gravable, ¡todo legal! Un doble golpe a las finanzas del Estado. ¿Habrá calculado el Ministerio de Economía y Finanzas el tanganazo a las recaudaciones fiscales? ¿Habrán calculado los bancos que se presten al juego, el riesgo moral que se les imputará?

Las acciones, comunes o preferidas, son instrumentos de capital necesarios para darles a las empresas solidez a largo plazo. Inventarse una acción preferida de plazo corto, que se comporta como deuda, no añade nada a la estructura financiera de un negocio, pero sí distorsiona la arquitectura del capital, ya que habrá un enorme sesgo hacia una estructura de corto y mediano plazo sujeta a una ley (que el primer gobierno que venga la quitará por inconveniente). Además, de las renovaciones eternas e infinitas a los cinco años siguientes, también veremos “preferidas” que se colocan artificialmente por debajo del precio de emisión (bajo la par), para disfrazar pagos de dividendos superiores al 6% que estipula el proyecto. ¿Están preparados en Hacienda para fiscalizar esas “macalusias”?

Entonces, si esta entelequia no beneficia el desarrollo del mercado de capitales, no fortalece la estructura financiera de las empresas, no obliga a regularse, no protege al ahorrista y no genera ninguna fiscalidad. ¿Para quién se legisla? Pareciera que para los que ´parqueen´ dinero a hurtadillas en sus empresas y quieren recibir, libre de polvo y paja, el producto de su inversión, mientras que sus negocios tampoco pagan impuesto alguno, pues deducen como un gasto más, lo que otrora fuera un dividendo gravado en 10% y, siempre, después de haber pagado el correspondiente impuesto sobre la renta. ¿Es esto hacer Juntos un mejor Panamá?

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