GOBIERNO

Afectación de los recursos del Estado: Celina E. Martínez M.

Le dimos un voto de confianza al eslogan “se puede meter la pata, pero no la mano”. Sin embargo, analizamos los efectos de “meter la pata” en cuanto a las finanzas públicas y urge que el Sr. presidente Martinelli ordene los correctivos sobre las actuaciones de sus ministros, a fin de que no continúen con la mala práctica administrativa que los iguala a gobiernos anteriores y, en algunos casos, hasta los supera.

Es preciso referirse a hechos concretos: un secreto a voces es que en los ministerios y otras entidades públicas se están dando despidos masivos, lo que pudiera ser comprensible por los espacios políticos que han prometido, pero tan perjudicial para el Estado en cuanto a sus recursos económicos para pagar la planilla estatal.

Los componentes del Gobierno deben aprender que “meter la pata” destituyendo a funcionarios se compara con votar a un empleado de la empresa privada, infringiendo el Código de Trabajo, para luego obligarse a pagar indemnizaciones cuantiosas que no favorecen al capital de trabajo.

Ministros o titulares de entidades deciden “destituir”, “cesar” o “desacreditar” al servidor público, a sabiendas o por ignorancia de los derechos legales que le asisten. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ordena pagarle salarios caídos, que generalmente corresponden a todo el periodo legislativo (cinco años o más).

El Gobierno actual no escapa de esta realidad; por lo que es momento de que nuestro Presidente logre encaminar su Gabinete a fin de que no produzcan más deudas al Estado en concepto de “salarios caídos” (sumas cuantiosas) por demandas y /o reclamaciones laborales.

Si nuestro Presidente solicita a los ministros y titulares un informe de los gastos en concepto de “pagos por salarios caídos”, que en su mayoría recurren a créditos extraordinarios para solventarlos, pudiera comprobar a cuánto asciende esta afectación de los recursos del Estado.

La Contraloría General de la República, entidad cuya misión es fiscalizar que los recursos y finanzas del Estado se manejen correctamente en el marco de la legalidad, debe ser la primera institución en presentar el mencionado informe, porque, lamentablemente, la Sra. Gioconda Torres de Bianchinni, contralora, de manera desacertada está asumiendo la mala práctica administrativa de gobiernos anteriores, situación que nunca antes había trastocado al recurso humano de tan prestigiosa institución.

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