NEGOCIACIONES AL ESTILO BUNAU-VARILLA

La Anam y el cambio climático: Elia Guerra de Quijano

Hace unos días el licenciado Harley Mitchell Morán en su artículo Un ambientalismo renovado, publicado en este mismo espacio, hizo referencia a la “escasa inversión realizada –por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam)– a la formación de los servidores públicos para que desempeñen una buena labor”, con lo que coincidimos muchos, particularmente ahora que se organiza la gestión del recién propuesto Ministerio de Ambiente.

Es importante destacar la urgencia que tiene contar con equipos de profesionales panameños que, con la capacitación debida, sepan defender los intereses nacionales, dentro y fuera del territorio, y no dejar que sean los extranjeros los que decidan qué es o no es importante para el desarrollo de nuestro país.

Desde hace 20 años, durante las dos primeras semanas de diciembre, se reúnen cientos de representantes de países parte del Convenio sobre el Cambio Climático, que se ocupan de evaluar y negociar los esquemas políticos sobre cómo mitigar el cambio climático. La última conferencia se celebró en Lima, Perú, en diciembre 2014.

El Gobierno de Panamá, a través de la Anam, acredita la asistencia de funcionarios de instituciones públicas para que escuchen los debates, cuando otros gobiernos negocian compromisos y futuras responsabilidades que asumen todas las partes, entre ellos, Panamá. Me refiero a la “asistencia”, porque si no tenemos expertos negociadores, los enviados solo van a reuniones en las que poco aportan al debate.

En la última que se realizó en Lima, y hace unos días en Ginebra, Suiza, ciudadanos de diversas nacionalidades fueron acreditados por la Anam, como “enviados especiales de Panamá”, dejándoles actuar e intervenir, en nombre del país, sobre asuntos que inciden de forma directa en temas de Estado, como los compromisos internacionales que se debaten en el marco de las Naciones Unidas.

Deberíamos preguntarnos, por qué se acreditó a ciudadanos extranjeros, que actúan como si fueran diplomáticos panameños, y representan al país en las negociaciones que tratan aspectos que salvaguardan los bosques, los esquemas comerciales y otros compromisos que asumirá el sector público y privado en Panamá.

Contar con asesores foráneos no es algo nuevo para un país que, con mucha frecuencia, contrata consultores internacionales, quienes aun hoy marcan el rumbo y la política en varios sectores. Sin embargo, una cosa es tener asesores internacionales y otra que estos sean los voceros y negociadores de Panamá, en el marco de grupos tan políticos como es el G-77 y China o en el grupo cerrado de negociación del nuevo Protocolo de París sobre el cambio climático.

Si se acepta que la agenda ambiental internacional está enmarcada en un debate político-comercial, lo apropiado sería que si la Anam no tiene expertos en cambio climático, ni una posición de país consultada con todos los sectores públicos y privados, destine a los negociadores del Ministerio de Comercio o los diplomáticos de la Misión de Panamá en Naciones Unidas, como los indicados para que representen al país, o que se capacite esos diplomáticos de carrera que tiene la Cancillería y sean ellos los que asuman estas tareas.

La Anam ha presumido en diversos medios de comunicación que su tarea en las reuniones sobre el cambio climático es la de representar a un grupo de países, que se hace llamar Coalición de Bosques. Sería interesante conocer entonces ¿por qué los funcionarios de la Anam prefieren ser voceros de los intereses de Chad, Bangladesh, Camerún, República Democrática del Congo, Togo, o algunos de los 23 países que todavía siguen unidos a una iniciativa que hoy es muy cuestionada? y ¿por qué, a nombre de Panamá, intervienen no-panameños?

También, hay que preguntar ¿por qué Costa Rica cuestiona la validez de estos “voceros hoy vestidos de panameños”? ¿Por qué la Anam “presta” la silla de Panamá a italianos o enviados especiales de Papua-Nueva Guinea, quienes representan más bien sus propios intereses y no los de este país?

No hay duda de que la “sociedad civil ambiental” se ha quedado muda con la contratación de sus miembros por parte del Gobierno Nacional. Son pocas las voces que hoy se escuchan y eso es muy preocupante. Con la excepción de algunos tree-huggers, para quienes la defensa del ambiente y los recursos naturales es una cuestión casi de la farándula, no hay suficientes nacionales que, de manera seria, puedan sugerir y proponer cómo solucionar tantas preocupaciones ambientales en el marco de la gestión del Gobierno Nacional.

Sabemos que la agenda ambiental internacional es abultada y, en ese sentido, la mayoría de los países de nuestra región ha invertido muchos esfuerzos en asegurar la defensa de sus recursos naturales y el manejo de su calidad ambiental. Por ese motivo, la Anam debe reconocer cuándo le toca delegar esa responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio de Comercio e Industrias y no pretender llenar sus propias debilidades apoyándose en extranjeros que, en este siglo XXI, negocien los intereses del país al puro estilo Bunau–Varilla.

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