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CURA LEGISLATIVA

¿Anati o no?: Alfonso Grimaldo Poschl

Debido a los abusos que ocurrieron con la titulación indebida de un lote en Punta Paitilla, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) es hoy la institución más desprestigiada del país, al punto que salir en su defensa es casi un suicidio político. Diputados de la oposición están por presentar un proyecto legislativo para derogar la ley que creó la Anati. Sin embargo, la alternativa que ellos presentan, regresar al sistema corrupto e ineficiente que había antes, no solucionará ningún problema, sino que empeoraría la situación. Es por esto que para decidir hacia dónde debemos ir, debemos entender de dónde venimos.

El sector inmobiliario es el sector económico más grande del país, representa casi el 20% del PIB, aún más que el Canal. No obstante, la situación de propiedad inmobiliaria es un desastre. El sistema jurídico e institucional que regula la propiedad de inmuebles es obsoleto. Del medio millón de títulos que hay en el Registro Público, más de la mitad tienen problemas y hay que rehacerlos. Cientos de miles de hectáreas pertenecientes al Estado están sin identificar, por esto es fácil apropiarse de ellas. Hay cientos de miles de predios sin título, que representan alrededor del 40% del territorio nacional. Tampoco hay un sistema de información geográfica para identificar dónde está localizado un predio ni quién es su dueño. Hay nueve instituciones del Gobierno y 75 municipios vinculados a la titulación de tierras, lo que crea duplicación de competencia, costos excesivos, inseguridad jurídica y corrupción.

Las leyes de propiedad están dispersas en docenas de códigos, leyes, decretos y resoluciones. Estas normativas cambian, dependiendo de la localización de la tierra y del pasar del tiempo. Por ejemplo, desde 2006 se han adoptado seis leyes para titular las islas y costas y todo indica que vamos para la séptima. En 10 años solo se dieron nueve títulos en islas y costas. La postura de muchos funcionarios públicos es que los habitantes de Boca la Caja, Isla Colón, Portobelo, La Palma, Bastimentos, Isla Cañas, Farallón, entre otros, no son dueños de sus tierras sino precaristas que se han apropiado de tierras del Estado y deben pagar por sus títulos al precio de mercado.

La consecuencia de todo lo anterior es un freno al desarrollo del país y a la reducción de la pobreza. Un estudio realizado en 2002 por el Instituto Libertad y Democracia, bajo la guía de Hernando de Soto, estableció que en Panamá hay alrededor de $18 mil millones de dólares de “capital muerto” en manos de personas de escasos recursos que pudieran estar generando riquezas para ellos, si se titularan sus tierras. Esto equivale al 75% del PIB.

Además, hay docenas de proyectos turísticos y residenciales en islas y costas paralizados por falta de títulos, los cuales pueden crear miles de plazas de trabajo en las zonas marginadas del país. Hay miles de pleitos en tribunales administrativos y cortes de justicia, agotando escasos recursos legales. Dada la excesiva burocracia e ineficiencia, los costos de titulación son exorbitantes, con un promedio de $1,000 por título, comparado a $50 en países como Perú. La corrupción y el fraude han sido prevalentes. Esta parálisis le ha dado a Panamá una mala publicidad con inversionistas extranjeros.

Para eliminar la debacle legal e institucional, el Banco Mundial y el BID propusieron la creación de la Anati. Doce países latinoamericanos tienen entidades similares. La Anati fue introducida el año pasado, pero nunca tuvo presupuesto para funcionar. Bien aplicados, los objetivos de la Anati eliminan los problemas que permiten los abusos que se dieron en Paitilla. Ellos son, entre otros: titular más de medio millón de predios; regularizar cientos de miles de predios ya titulados, que tienen algún tipo de deficiencia; hacer un inventario y administrar las tierras del Estado para evitar usurpaciones y robos; redactar un nuevo código de propiedad que unifique todas las leyes aplicables; y crear un método de resolución de disputas para reducir la mora judicial.

Asimismo, la Anati debe poner capital en manos de aquellos con escasos recursos, mediante políticas complementarias como acceso al crédito e incentivos a la inversión privada en zonas marginadas.

No podemos regresar a un sistema fracasado, porque hubo irregularidades. Un acto indebido debe ser castigado, pero no se puede legislar por excepciones y detener el progreso y salida de la pobreza del 40% del país, por el mal actuar de algunos funcionarios. Si un magistrado de la Corte Suprema comete actos de corrupción, debe ser sancionado, pero nadie propondría eliminar la Corte en sí. Se debe remover a los funcionarios de la Anati que cometen irregularidades, no acabar con la institución. Derogar la Anati como supuesta cura legislativa no es más que recetar nuevamente la enfermedad.

La Fundación Libertad llevará a cabo el foro “Institucionalidad y Estado de Derecho” el próximo 5 de octubre.

Para más información contáctenos a info@fundacionlibertad.org.pa

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Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

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Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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