EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Aprobar, reprobar, repetir o desertar: Ileana Gólcher

Uno de los procesos educativos de mayor relevancia es la evaluación de los aprendizajes, en el que convergen múltiples factores y sujetos para determinar la aprobación del año escolar.

Desde que la escuela existe, como tal, se han implementado formas de acreditar el dominio de los conocimientos. En Panamá las indicaciones legales han permanecido casi inalterables desde que la Ley 47, Orgánica de Educación, en el capítulo VII, determinara las funciones, principios, aplicación y procedimientos. El actual método de evaluación de maestros y profesores, definido en el Decreto 100, del 14 de agosto de 1957, lo realiza el propio docente, quien deberá responder a un cuestionario de autoevaluación. Se trata del Modelo G, que “evalúa” aspectos de la personalidad: salud, vitalidad, tono de voz y apariencia del educador, y otros como miembro y líder del grupo. Además de la eficiencia: calidad docente, capacidad de mejoramiento, eficiencia administrativa e interés.

Efectuada dicha autoevaluación, se procede a discutirla con el director del respectivo plantel educativo. En ocasiones ocurren discrepancias y procede conciliarlas en las direcciones regionales. Una primera falla del sistema surge cuando en las escuelas oficiales un porcentaje –las multigrado– tienen un solo docente que es, a la vez, director del plantel.

Otra limitante es que en dicho proceso de evaluación no se considera la opinión del padre de familia ni, mucho menos, de los propios estudiantes. ¿Qué ocurre en aquellas escuelas en que el director es a la vez educador?

Por otra parte, hay distintos sistemas para acreditar el aprendizaje. En el nivel de básica general regular el proceso es acumulativo y cada estudiante logra aprobar con un promedio final de tres. Esto explica el fenómeno de que un estudiante culmina la etapa primaria de la básica general, sin saber leer comprensivamente ni dominar las operaciones matemáticas fundamentales, porque sus calificaciones en agricultura, educación física, religión moral y valores, le otorga el promedio final de tres.

En el nivel de premedia y media se produce otro fenómeno, y es que se aprueba el año escolar por asignatura; es decir, por los aprendizajes que el alumno adquiere en español, matemática, inglés, ciencias naturales y el resto de las asignaturas del nivel. El sistema es altamente flexible al permitirle rehabilitar el año con tres asignaturas en las que reprobó, incluso se hace acreedor a una beca universal, indistintamente de su nivel de desempeño.

Sorprende que ninguna administración se haya preocupado por investigar la eficiencia de este sistema de evaluación, así como su eficacia y resultados para una educación de calidad. Sorprende más aún saber que se carece de estadísticas actualizadas que respalden la toma de decisiones.

El Decreto Ejecutivo No. 423 del 23 de agosto de 2002, con la firma de la ministra de Educación Doris Rosas de Mata, creó la Dirección Nacional de Evaluación Educativa en el Ministerio de Educación (Meduca), y derogó el Decreto No. 157 de 1999 que regulaba la Dirección de Evaluación Educativa “que nunca fue organizada y por lo tanto no cumplió sus obligaciones”.

El decreto en referencia posee una claridad conceptual integral al concebir la función de este proceso, con la responsabilidad principal de evaluar integralmente el sistema educativo nacional, identificar sus debilidades y fortalezas.

Concibe, además, que debe crearse un sistema institucional de evaluación de la calidad que contemple, en primer lugar, “la evaluación institucional y de los centros de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación del desempeño de los educadores (docentes, directivos y supervisores), evaluación del ambiente escolar, de los procesos administrativos y educativos, entre otros”.

De ahí que la medida unilateral e inconsulta por parte del Meduca de considerar la evaluación de los aprendizajes, como responsabilidad exclusiva de los docentes y como factor que asegura la calidad de los aprendizajes, se inclina más a ser una necesidad del sistema, pero tendrá poco impacto al no considerar la evaluación como un proceso científico, integral, continuo, acumulativo y participativo”. (Decreto Ejecutivo No. 305 del 30 de abril de 2004).

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