CORREGIR EL RUMBO

Arbitrariedades de la fuerza pública: Carlos Guevara Mann

En el lapso de tan solo una semana quedó demostrado, de la manera más dramática, el fracaso del modelo de seguridad del Estado panameño (si es que se lo puede llamar “modelo”). Este Estado, valga la pena recordarlo, es supuestamente democrático, republicano y respetuoso de sus obligaciones internacionales, según lo indica la Constitución.

El miércoles 23 de octubre, agentes de la Policía Nacional apostados en un retén dispararon contra un automóvil, matando a dos menores que viajaban con sus padres en el vehículo. El domingo 27, en otro retén, integrantes del mismo organismo maltrataron y encañonaron al dirigente sindical Genaro López, quien viajaba en un automóvil con su familia.

El miércoles 30 de octubre, fue asesinado, de manera cruenta y vil, un sacerdote en la ciudad de Colón. Los malhechores que perpetraron esta acción acudieron a la escena del crimen y la evacuaron con toda tranquilidad, sin molestia alguna, después de cometer su acción execrable, a pesar de que en las cercanías del sitio opera una estación de policía.

El contraste revelado por estos hechos no puede ser más diciente. Los organismos de seguridad no funcionan para “proteger y servir” a personas que acatan la ley, sino a maleantes y delincuentes. Quienes acatan la ley son objeto de hostigamientos, atropellos, represiones y asesinatos policiales. Quienes quebrantan la ley tienen carta blanca para operar con toda impunidad y, en ocasiones, hasta con el apoyo activo de los servicios de seguridad para cometer sus fechorías.

Esta es la situación de la fuerza pública panameña gracias a la ineptitud de algunos sectores dirigentes y la complicidad de otros con el militarismo que se creía superado, y también gracias a algunos sectores de la política exterior estadounidense, quienes han alentado la militarización de los organismos de seguridad, para desgracia del pueblo panameño, que tras el desalojo de la dictadura castrense en 1989 aspiraba a instituir una fuerza pública eficiente, respetuosa de la ley y sometida al poder civil constituido con arreglo a la Constitución.

Es permanente el atropello de los servicios estatales de seguridad, que además comprende todos los rangos imaginables del espectro del abuso, desde quebrantar las disposiciones de tránsito, conduciendo en vía contraria o abriéndose paso arbitrariamente entre los frustrados automovilistas de nuestras calles –como lo señaló Roberto Brenes en su excelente columna de La Prensa (31 de octubre)– hasta participar como socios o cómplices de empresas criminales. Son muchas las denuncias de participación de miembros de los organismos de seguridad en actividades delictivas. En el secuestro y asesinato de cinco jóvenes panameños de ascendencia asiática en La Chorrera, por ejemplo, miembros de la comunidad han aludido a la intervención de elementos de la fuerza pública.

Las conductas arbitrarias, ineficientes y corruptas presentes en los servicios de seguridad se manifiestan de manera especialmente alarmante en el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), principal aporte de Martín Torrijos (con apoyo estadounidense) a la remilitarización. El radio de acción del Senafront ha sido ampliado bajo el actual gobierno con saldo lamentable de muertos y heridos en Bocas del Toro, Chiriquí y Colón.

En pocos años el Senafront, dirigido por militares que en sus conductas y ademanes imitan a los peores dictadores de la época castrense, ha logrado el ejercicio del poder absoluto no solo en las zonas fronterizas de la República, sino además en toda la región oriental del país, desde Chepo hasta Darién. La multitud de vejámenes que cometen sus miembros contra quienes habitan y transitan por las zonas bajo su control es verdaderamente intolerable.

Es fundamental recordar que la Constitución Política prevé la formación de servicios temporales –no permanentes– de protección de fronteras, por lo que la operación del Senafront debe ser revisada bajo esta óptica constitucional. También es esencial tomar en consideración que existen parámetros internacionales, suscritos por Panamá, que regulan la conducta de los organismos de seguridad.

Entre estos instrumentos están la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984 (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm), ratificada por Panamá en 1987 y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de 1985 (http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html), ratificada por nuestro país en 1991, cuyo artículo 7 señala: “Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Es hora de que los panameños nos dispongamos a corregir el rumbo peligroso que ha seguido la fuerza pública en años recientes. Hay que emplazar a quienes aspiran a dirigir los destinos políticos del país y a quienes ejercen la autoridad del Estado a que emprendan, cuanto antes, esta labor de rectificación.

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