VIOLENCIA

Armas y más armas: Ramón A. Mendoza C.

En hechos aislados solo por el tiempo, en menos de dos meses se han repetido balaceras dentro de centros penitenciarios con el resultado de muertos y heridos, la noticia es pública. La pregunta lógica es: ¿cómo es posible que reclusos, en un centro penitenciario, posean armas de fuego y hasta gallos de pelea, que me imagino deben ser mudos, pues nadie se dio cuenta de su presencia? El silencio de estos gallos es similar al de las autoridades encargadas de explicar la situación.

Introducir armas y municiones, incluyendo escopetas, requiere de una maravillosa capacidad de prestidigitación, propia de grandes ilusionistas. La razonable explicación, ya que no se trata de una ilusión, es corrupción. Independientemente de las artes del engaño para introducir las armas, tenemos otro componente que es el costo de estas, el que, de acuerdo con noticias es carísimo por su oscuro origen. Entonces, ¿quién paga decenas de dólares por estas armas si los reclusos no tienen acceso a efectivo, o sí? Debe haber una fuente localizable de financiamiento para la compra e introducción de tales armas.

Queda otro componente: el origen. Deben provenir de una fuente ilegal. Dado el férreo control que se ejerce sobre los legítimos propietarios de armas, es evidente que no son legales y, en consecuencia, las “autoridades” tienen que ubicar su origen, pero en esto también hay un mutismo “gallístico”. La primera mirada inculpatoria es hacia los visitantes de los detenidos, en su mayoría mujeres que son requisadas, según deponen, a límites deshonrosos, pero como alguna ha expuesto en público es muy difícil que una escopeta pueda usarse como supositorio o tampón femenino (en palabras más rústicas).

Sin embargo, las autoridades, en lugar de explicar este fenómeno de corrupción, que no puede enmascararse con otras justificaciones, enfocan su atención recriminatoria sobre la comunidad de propietarios legítimos de armas de fuego y entorpecen de manera obcecada el porte y posesión de estas a los ciudadanos que tienen el derecho para ello. Detrás de tal posición oficial existen presiones de las oenegés que implantan en nuestro país, como argumento restrictivo, lo que ocurre en otros lares donde el comercio de armas es irrestricto. Sin embargo, queda la razonable duda de que detrás de tan “nobles ideales” esté la mano oculta de gremios criminales, que soportan de forma indirecta a tales organizaciones, para dejar a la comunidad civil desarmada y, así, imponer un estado de terror y chantaje como ocurre en otros países.

La democracia más respetada del mundo, la de Estados Unidos, en su Constitución dice: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas de fuego”. Ante la notable incapacidad de las autoridades de contener la violencia armada y siendo patente la corrupción que afecta los propios estamentos de seguridad, ¿se justifica perseguir y restringirle al pueblo el derecho a poseer y portar armas de fuego de forma legítima?

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