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DERECHOS INDIVIDUALES

Atropello e impunidad: José Antonio Ureña Bravo

En la obra La República, Platón se refiere a la verdadera esencia de la justicia, en cuya elucidación participan dos interlocutores principales, Sócrates y Trasímaco. Tema que es tratado también en la obra El Gorgias, diálogo en la que Calicles define pragmáticamente el término como el criterio del más fuerte, a la manera de Trasímaco.

Sócrates, más apegado a la tradición helénica ancestral, considera que ella es potestativa del mejor (aristos), lo que encaja con otro enunciado suyo: “Es preferible sufrir la injusticia que cometerla”.

En el intercambio de opiniones, Sócrates no descarta que el más fuerte de Trasímaco también sea el mejor. La tesis de Trásimaco y Calicles es tomada del mundo natural más que del mundo convencional. Por su parte Aristóteles se dedicó al estudio de las constituciones políticas de su tiempo, sobre la base de una moral. Enfoque que es perfeccionado en la modernidad con la teoría de los Estados Nacionales.

Dos análisis diferentes, pero no opuestos: uno antropológico y otro pragmático o positivo. Útiles ambos para el rescate de los derechos individuales respecto al atropello automovilístico, un tanto frustrante en Panamá, a pesar de que se diga “nadie está por encima de la ley”.

Surgen de inmediato algunas interrogantes: ¿Están claramente establecidas las normas penales respecto al atropello automovilístico? ¿Se atienden objetivamente a los hechos? ¿No están plagadas de subjetividades?

Se suele asociar el atropello a la cantidad de autos que transitan por las calles y carreteras, sin embargo, el problema pertenece al ámbito de los valores, puesto que son los menos los conductores bajo los efectos del alcohol que ocasionan la muerte inmediata de la víctima o el estado de inconsciencia irreversible.

Hay un margen de ingenuidad entre el pago de multas por infracciones y lo costoso de una atención médica a largo plazo, sin tener en cuenta que el infractor tiene en su contra el principio “la ignorancia de la ley no exime de la culpa”.

Por otro lado, las compañías aseguradoras de autos no contemplan a las víctimas en los casos extremos señalados, convirtiéndose lo fortuito en infortuito por las secuelas económicas y morales. El infractor apela a lo fortuito del hecho, mientras que la víctima y su familia cargan con el infortunio.

También las compañías constructoras o subcontratadas por el Estado cargan con la responsabilidad en cuanto a la estricta señalización y habilitación de los pasos peatonales en las vías públicas. Es obligante dar seguridad permanente al peatón, sobre todo cuando el desplazamiento de personas es constante, dada la cantidad de centros comerciales, paradas de autobuses, servicios múltiples, supermercados e iglesias alrededor de las comunidades. Atentan contra la seguridad pública cuando omiten la colocación de vallas suficientes seguras, como pueden ser las de cemento armado, que son reemplazadas de forma negligente por barriles de plástico provisionales, más livianos y menos seguros.

¿Acaso la seguridad es solo para los trabajadores? ¿Acaso el azar, la probabilidad y la causalidad no pertenecen al ámbito de la racionalidad? ¿Acaso la negligencia no duplica el peligro circunstancial, “el peligro tras el peligro”?

Cuando los jefes inmediatos o de campo no toman las precauciones debidas, ocurre lo inesperado, de tal manera que cuando se da un hecho lamentable se afanan en hacer correctivos disimuladamente.

La parsimonia en la toma de decisiones pone en peligro la salud física y mental de las personas de a pie y la de los familiares que se ven obligados a multiplicar sus esfuerzos.

El programa del periodista Álvaro Alvarado es reiterativo en las impunidades en nuestro país. No necesitamos que el mundo nos mire, necesitamos demostrar que los panameños vivimos en democracia, propia de un estado de derecho.

Tal vez sea una democracia superficial o del momento, ya que el panameño no escapa al sufrimiento, a la desidia, al desamparo y a la frustración.

En cuanto a la supuesta presunción de inocencia de un infractor, esta no puede viciar un proceso por atropello cuando la víctima sigue instrucciones de señalización, mientras que un conductor ebrio rebasa la línea de seguridad concedida al peatón.

Por otra parte, conviene que la justicia sea bien administrada, pues de lo contrario, no se ha avanzado mucho desde que fuera motivo de discusión en La República y en El Gorgias, convirtiéndose en un problema perenne de toda legislación, especialmente de la panameña. La percepción generalizada es que la ley está sujeta a posibilidades aberrantes.

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