JUICIO A MONCADA LUNA

Audiencia pública…: Daniel R. Pichel

Tilín, tilín, tilín, tilín, tilín…“Audiencia pública… El tremendo juez, de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso…”.

Esa introducción, todos los panameños entre 30 y 90 años la escuchamos muchísimas veces antes de disfrutar uno de los programas de radio y televisión más emblemáticos en Latinoamérica. Las ocurrencias de Tres Patines, del tremendo juez y de las víctimas de sus vivezas y triquiñuelas fueron por mucho tiempo compañeros regulares de nuestro día a día.

Para los que disfrutamos de La Tremenda Corte fue imposible no recordar aquello durante el juicio a Moncada Luna. Al margen de la necesidad que existe de perseguir y juzgar la corrupción, no puede ser que cada vez que haya uno de estos procesos se genere semejante show mediático. El país estuvo prácticamente congelado durante dos días, y solo se hablaba de Moncada Luna y su proceso.

Por supuesto, los noticieros contaban no solo con los comentarios de sus presentadores, sino que desfiló toda una gama de expertos, algunos de ellos muy pintorescos. No sé cuándo entenderán que un noticiero no es el espacio para que se paren señores con una colección de códigos, leyes y constituciones, a leernos, artículo por artículo, todos los tecnicismos que se les ocurra. Lo peor es que dependiendo de cuál es el bando del “letrado” en cuestión, el mismo artículo se interpreta de maneras diametralmente opuestas.

Lo que sí es indiscutible es que para nuestros medios este juicio ha sido histérico (sí, con e). Los arrebatos y morisquetas de los presentadores los hace ver tan poco profesionales como ridículos. Y me baso en la comparación con televisoras de otros lugares que están accesibles en nuestra televisión. Los noticieros, deben ser programas en que se da la información sin matices ni opiniones. Para eso están los páneles con invitados que discuten los temas a profundidad. Pero aquí arman un guacho y los presentadores fácilmente quedan convertidos en el eslabón perdido entre un arlequín y un juez.

El juicio en sí mismo nos debe dejar varias enseñanzas. Por un lado, no creo que sea correcto que se “filtren” veredictos, decisiones e informes antes de que sean oficiales. Según entiendo, en un sistema jurídico normal eso se prestaría para sanciones tanto a quienes filtran información desde las instancias judiciales, como para quienes las hacen públicas. Pero, por supuesto, eso depende de tener un sistema jurídico normal, y no el circo que padecemos los panameños. A mi modo de ver, mientras no haya más formalidad en los procesos, incluyendo la confidencialidad propia de un acto judicial, es poco el avance real que obtendremos. Porque parece que en Panamá el rating y la audiencia son más importantes que la justicia y la legalidad.

Otro tema que se ha discutido son los certificados de incapacidad. Nada justifica dar un certificado a un paciente que no ha sido examinado. En ocasiones, si se evaluó a un paciente un día, y dos o tres días después tiene una situación que requiere el certificado (por viajes, trámites o reuniones no conocidas el día de la evaluación), se podría expedir el documento con la fecha que corresponde a la evaluación clínica. Sobra decir que todo certificado debe ir avalado por una consulta debidamente registrada en el expediente del paciente, en la que queden claramente establecidas las causas de la incapacidad. Pero cuando hay un tema judicial de por medio, las consecuencias pueden ser mucho más serias, tanto para el paciente como para el profesional que expide el certificado. A raíz de este hecho, consulté con médicos en otros lugares y me dijeron que la manera ideal de manejar estos casos sería escribiendo un informe de la evaluación con las conclusiones clínicas correspondientes, para que sea presentada a la autoridad forense, que es la instancia ideal para expedir la incapacidad, si la considera apropiada.

Lo malo de esto es la forma como se ha manejado el asunto. Para comenzar, es válido que el Consejo Técnico evalúe el tema, principalmente porque hay una declaración del médico involucrado. Lo inaudito es que se haga semejante escándalo cuando el asunto de los certificados médicos fraudulentos ha sido discutido muchas veces, sin que nadie le haga caso. Ahora, porque los medios quieren mantener su audiencia a costas de otro bochinche, se arma un pleque-pleque con algo que debe ser manejado de manera técnica por el Ministerio de Salud. Lo otro es lo selectivo de las acciones. Hace un mes se hizo evidente que un funcionario políticamente vinculado al partido del gobierno se había hecho pasar por médico pediatra durante años, dando consejos y atendiendo pacientes sin control alguno. El consejo técnico envió el expediente de este farsante al Ministerio Público, pero no ha pasado nada. El argumento (bastante barato por cierto) es que como no firmó recetas, no hay evidencia. O sea, que si yo mañana salgo a la calle vestido de policía y me pongo a dirigir el tráfico sin haber ido a la academia ni contar con la autorización correspondiente, nadie puede hacerme nada, mientras no firme una boleta…

En fin, Tres Patines hubiera podido tomar muchas ideas de nuestro sistema de “justicia”… Y que “venga la sentencia”…@drpichel

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