TRANSPARENCIA

Bienes públicos, ¿solución o problema?: Roger Durán

Este artículo define la importancia de los llamados bienes públicos en cuanto al desarrollo social y económico de una sociedad, así como los desafíos que enfrentan los diversos gobiernos en cuanto a lograr una adecuada oferta de estos para satisfacción de las comunidades.

“Bienes públicos” se definen como aquellos cuyo consumo por parte de un individuo no impiden que otros se beneficien de ellos. Ejemplos típicos lo constituyen la seguridad ciudadana o vigilancia policial, sistemas de alcantarillados y alumbrados públicos o inclusive el aire limpio, la educación y la información pública. Son importantes porque inciden en el bienestar social de un país y sus comunidades. También tienen un peso significativo sobre la distribución de la riqueza y las potencialidades para que la sociedad transite hacia mayores niveles de desarrollo.

Uno de los dilemas que han de enfrentar las autoridades proveedoras de los bienes públicos es el riesgo del fenómeno free rider (fenómeno de polizonte) o, como decimos en buen panameño, a “los juega vivos”. Es decir, individuos que quieren aprovecharse de esos activos sin pagar por ellos. Aquí la responsabilidad del Gobierno, efectivamente, consiste en aplicar la adecuada recolección de impuestos o tasas para asegurarse de que no surja esta situación. Pero quizás el mayor desafío sería la composición de los bienes públicos (qué ofrecer y cuánto) y de los impactos que tienen. El hecho es que algunos de estos tienden a beneficiar más a ciertos segmentos de la sociedad en detrimento de otros.

Un sistema de riego público, por ejemplo, beneficia solo a algunos productores, no a todo el conjunto. Igual ocurre con la inversión en materia de autopistas, que favorece a los propietarios de autos, no a los peatones. Precisamente, dado que se trata de bienes que la sociedad no paga o demanda de forma directa, como ocurre con los bienes privados, surge este dilema sobre qué cantidad proveer y en concepto de qué.

Otro gran dilema es el conflicto de intereses entre mandatarios y ciudadanos. La literatura económica sostiene que en algunas ocasiones los que gobiernan prefieren generar bienes públicos que le representan a ellos mayores beneficios políticos, sin importar si tienen impacto o no para la población. Un caso típico es la construcción de infraestructuras, lo que casi siempre conlleva un mayor beneficio a corto plazo para los gobernantes, que el que genera la educación, la salud o el medioambiente, cuyas ventajas se perciben más a largo plazo y son críticas, como se ha dicho, para alcanzar el desarrollo.

Finalmente, más allá de estos dilemas es un hecho que la entrega transparente, eficiente y eficaz de los bienes públicos constituye un factor fundamental para la sociedad, y uno de los mecanismos para lograr esto de modo efectivo es a través de un proceso continuo de consulta entre los gobiernos y los grupos más representativos de la sociedad civil.

Esto puede lograrse planificando la inversión pública y haciendo consultas continuas entre las autoridades locales y las comunidades distritales o provinciales, por citar ejemplos. Inclusive esas consultas que ayudan a identificar las demandas deben evaluarse, mediante análisis de costo/beneficio.

Un factor de peso sería asegurar el funcionamiento de instancias técnicas que actúen como un tamiz para la selección y formulación de proyectos públicos a efectos de que estos cumplan con criterios de factibilidad social o económica.

Lo fundamental, técnicamente hablando, para elegir las prioridades entre cuáles bienes públicos proveer, es evaluar los beneficios y costos sociales de cada proyecto. Así se asegura el máximo provecho social por cada dólar invertido. O sea, se favorece a la mayor población posible en forma medible, y se estima la rentabilidad social de la inversión.

Por ejemplo, el beneficio de invertir en mejor educación versus el que genera una nueva carretera. Hay técnicas para medir con adecuada precisión esas opciones. Por último, naturalmente, se requiere reforzar los mecanismos mediante los cuales los gobernados exigen a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas.

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