GASTO PÚBLICO

Billete casado: Mario Velásquez Chizmar

Ninguna otra institución en la sociedad ejerce mayor influjo sobre la economía que el Gobierno. Ocurre con la absorción total de los medios de producción o con la autoproclamación de guía de las fuerzas libres del mercado. Lo cierto es que, ya sea grande o pequeña, hoy no existe democracia en la que el Estado no asuma importantes responsabilidades de carácter económico. La abundancia de influencias recíprocas entre economía y política, determina resultados y conlleva consecuencias, al punto de que no pocas veces constituye la motivación del voto popular. Las decisiones económicas que tome el Gobierno limitarán, para bien o mal, la libertad de maniobra de futuros gobernantes.

Si las prácticas presupuestarias y el manejo de la deuda frente a la necesidad de obras sociales y el reto de alimentar y nutrir, más y mejor, a nuestra población, pudieren calificarse académicamente, el gobierno actual ya hubiera fracasado. El grado de inversión es el final de una carrera iniciada mucho antes de su arribo al poder. El alto índice de crecimiento se debe al dinamismo propio de nuestro sector productivo, que por años ha transitado por derroteros apropiados, sin interferencias dañinas del sector oficial. Ni originalidad ni sabiduría mostraron en estos caminos. Hoy el entorno que permitió esta maduración, se encuentra amenazado.

La institucionalidad democrática está siendo bombardeada. Las actuales autoridades no quieren un país fuerte sino un país bajo su mando. Les causa escozor ideas de independencia e imparcialidad. Simpatizan con valores degradantes y disociadores. Se inclinan por conductas sociales y políticas torcidas y confusas. Y se justifican con descaro y cinismo. En materia económica, optaron por la irresponsabilidad y las luces cortas. Sepultaron el Fondo Fiduciario. Ellos, los campeones de las contrataciones directas, decidirán cuándo hay una situación de “emergencia” para meterle mano al ahorro nacional. Colmaron la carga impositiva. Los futuros ingresos de la ampliación del Canal, ya tienen destinatario: la deuda. En una mano venden acciones, y en la otra mano, compran corredores. Retocan las reglas del juego. Su ejemplo de crecimiento es el 99. Sus megainversiones apuntan preferentemente a un concepto de desarrollo donde es más importante la casa que su dueño. Pregúntenle a la “canasta básica”.

En tres años aumentaron más la deuda que las cuatro administraciones anteriores juntas. En millones, con Endara aumentó $984.92; con Pérez Balladares $368.09; con Mireya $1,489.03; con Martín $1,618.98; y hasta hoy este gobierno la aumentó en $5,051.90, incluyendo Tocumen, ETESA y ENA, que ellos no registraron (Fuente: MEF). Y sin contar los proyectos “llave en mano”, como el Metro. El ciudadano que diga que su bolsillo aún no se afecta, se equivoca. Hipotecaron nuestro futuro. Divorciar la política de la economía, es un esfuerzo estéril. Y si en el manejo económico también encontramos grietas, tenemos un intricado camino por recorrer. Programar en beneficio colectivo, implica políticas que fortalezcan la democracia. En ambos campos florecen conductas contrarias. Y todavía piden continuidad. El escenario político contaminó la esfera económica. En fin, es un billete casado.

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