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ELIMINAR DISTORSIONES

Buenas políticas de Estado: Luis Alberto Castrellón Oller

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A través de su historia, Panamá y otros países del orbe y del continente han adoptado políticas de Estado establecidas, en su mayoría, con visión de nación, y estas han funcionado bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el transcurso del tiempo, el crecimiento de la población y el desarrollo económico, tecnológico y social de los países, esas políticas deben ser monitoreadas a corto, mediano o largo plazo, para determinar si funcionan adecuadamente. En caso contrario, habría que revisarlas, corregirlas, mejorarlas, cambiarlas, dejarlas sin efecto o establecer otras con visión y para el futuro.

Lo ideal sería que funcionen a largo plazo, algo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Para ello, hay que fomentar, promover y tener, tanto en el sector público como en el privado, organizaciones o equipos de profesionales y académicos que se dediquen a la investigación, estudio, preparación y a consensuar las políticas estatales.

En este orden de ideas, hay que tener presente que para establecerlas e implementarlas, se deben alejar de toda incidencia o actitud ideológica partidista del gobierno de turno, y revestirlas con un fin fundamental y de beneficio duradero para la sociedad, a largo plazo.

Estamos en un momento en que todavía podemos empezar a corregir muchas de las deficiencias y distorsiones que ocurrieron en las últimas décadas en Panamá, a causa de las superfluas y deformes reformas a la Constitución, a los acomodaticios y tergiversados cambios a las leyes relacionadas con la administración de los recursos económicos y las finanzas públicas. Esto ha llegado al punto de que ahora hay quienes justifican el desvío de los recursos económicos para uso y beneficio electorero, y no para las necesidades de la población.

Tal es el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que ha sido el medio para transferir fondos simulando sus usos para las comunidades, cuando en realidad se han utilizado para el favoritismo político partidista electorero en los últimos años, promoviendo la corrupción.

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo se distorsiona la institucionalidad en la administración pública, por el uso indebido del tesoro nacional y la total carencia de rendición de cuentas de parte de las personas que ocupan cargos en distintos estamentos del Estado.

Otros hechos que se pueden mencionar, son las políticas zigzagueantes en el ámbito de la justicia y de la administración pública respecto a la forma de escogimiento de magistrados, procuradores y del contralor.

¿Por qué se tiene que esperar hasta el último momento para designar a las personas que ocuparán esos cargos? Esto se podría hacer con suficiente antelación y permitir que toda la sociedad conozca las trayectorias y ejecutorias de los aspirantes, realice una evaluación y determine quienes de ellos son los más adecuados e idóneos –en todo el sentido de la palabra– para ocupar esos cargos.

En consecuencia, la única manera de combatir los hechos vergonzosos, deplorables y antinacionales que han ocurrido, es mediante la adopción de políticas de Estado que establezcan las reglas, procedimientos y sanciones ejemplares, cuando se incurra en una mala administración pública y no se imparta justicia de la forma correcta, es decir, con la imparcial y equidad que esperamos los panameños.

Otro aspecto que el país sufre, es el abandono de valores como la honestidad, honradez, respeto, responsabilidad, solidaridad e historia nacional, lo que se puede corregir, también, con buenas políticas de Estado en el sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el superior.

Solo resta que el actual gobierno, con un adecuado tino y tolerancia, pero con firmeza, promueva desde el ámbito público y junto a la sociedad panameña, los mecanismos para la preparación de propuestas consensuadas, a fin de establecer los lineamientos de Estado para el único y exclusivo beneficio de la nación, en los próximos 100 años y más.

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