MALVERSACIÓN DE FONDOS

´Buko´ millonario: Amarilis A. Montero G.

Hasta ahora, no se habla de otra cosa que de los millones que le encontraron al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, y al exministro del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Tal parece que estos dos entes de la misión social del CD se convirtieron en “ayuda y desarrollo” para sus directivos, principalmente.

Las historias de sobrecostos, préstamos sin avales, y propiedades que jamás se pudieron haber conseguido con un sueldo de $7 mil al mes, indican que estamos ante una megaestructura de corrupción y una red de “oportunidades” ligadas a mucha gente. Tal vez, algunos piensen que los gobiernos anteriores han robado, y no es de extrañar que el que acaba de salir también lo haya hecho. ¿Somos un pueblo acostumbrado a que nos roben?

Recuerdo las denuncias de peculados como el de la Corporación Financiera Nacional (Cofina) en 1975, por 80 millones de dólares; del programa colectivo de vivienda de la CSS en la década de 1980, cuando se esfumaron 100 millones de dólares; del caso Cemis, de la venta de las empresas de energía eléctrica y de telecomunicaciones, y el de la Fundación Mar del Sur que manejó millones que nunca se vieron. Aunque estos casos pasaron al olvido, muchos panameños consideramos que no se debe permitir tal malversación y hay que aplicar sanciones. Sin embargo, con la pasividad que nos caracteriza, ahora vemos nuevos “escándalos” que involucran a los directores y ministros de Estado del gobierno de Ricardo Martinelli. Y es claro que muchos también se preguntan, si los mandos bajos “metieron la mano” ¿qué habrán hecho los mandos altos? Ya el expresidente Martinelli ha pedido que se cierre el PAN. ¿Por qué no lo cerró en su gobierno? ¿Por qué no investigó cómo se manejaba? Ahora espera que se investigue y se sancione a los culpables. ¿Y qué sucederá si el propio Martinelli sale involucrado? Nada. Así es este país, donde vemos cómo pasan los millones sin que lleguen a quienes más ayuda necesitan.

Volviendo a los casos citados, ¿cuántos de los involucrados en esos escándalos financieros han sido condenados? Ninguno. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido condena ni sanción contra ninguno de los funcionarios señalados como responsables de actos corrupción. Encontramos exoneraciones de culpa, anulación de investigaciones, prescripción de sumarias e impedimento para reabrir casos. Y aquí no ha pasado nada.

Ahora, en el gobierno de Juan Carlos Varela, el pueblo tiene puestas sus esperanzas en la gestión de Angélica Maytín a cargo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y Guido Rodríguez como fiscal de Cuentas. Sus designaciones deben tener un solo norte: defender al Estado contra los embates de la corrupción. ¿Lucharán contra molinos de viento?

Si los panameños dicen “todos los gobiernos roban”, ya es hora de que cambiemos y digamos, “todos los malversadores y atracadores del erario público deben ser sancionados”. Ahora tenemos una oportunidad de demostrar que el delito no paga.

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